El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha publicado una sentencia por la que condena a España por la ausencia de planes de cuenca y la falta de información y consulta pública de los proyectos de los planes.

Concretamente, la sentencia declara que España no había adoptado a fecha de 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y no había informado ni a la Comisión Europea ni a los demás Estados miembros interesados, de dichos planes.

Asimismo, la sentencia también recoge que a 22 de diciembre de 2008, no se había iniciado el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental.
El Tribunal ha condenado a España en costas.

El Ministerio de Agricultura (MAGRAMA) ha lamentado que la gestión socialista haya provocado que España sea el país más atrasado de la Unión Europea (UE) en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Según se recoge en una nota de prensa del MAGRAMA, éste ha impulsado desde que se inició la legislatura una nueva estructura de gestión y de decisión en materia de agua más coordinada entre la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas que permite que la gestión sea más ágil y que supondrá que los planes competencia del Estado puedan estar concluidos a finales de 2013.

Así, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de septiembre, a propuesta del Ministerio, los Reales Decretos de los planes hidrológicos de las demarcaciones de Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y de las Cuencas Mediterráneas andaluzas, mientras que la gestión socialista tan solo dejó aprobado un plan, el correspondiente a la demarcación de las Cuencas Internas de Cataluña.

Desde junio de 2010, la Comisión ha remitido a España dos escritos y un dictamen motivado como consecuencia de la falta de los planes de cuenca. Dado que las respuestas proporcionadas por España han sido consideradas como insatisfactorias por parte de la Comisión, ésta interpuso el recurso ante el Tribunal de Justicia.