LA UNIÓ de Llauradors alerta que tras la reforma energética del Ministerio de Industria que entró en vigor el pasado mes de agosto la electricidad en los pozos de riego se ha encarecido de media más de un 100% para los regantes valencianos, cifra que se suma al aumento registrado durante los últimos años desde que desparecieron las tarifas especiales para el riego agrario.

Teniendo en cuenta que el gasto eléctrico representa aproximadamente ya más del 30% de los costes del sector agrario es muy importante reducirlo, aunque las complicaciones para ello cada vez son más importantes y así se resta competitividad a la agricultura de regadío. Desde que el Gobierno suprimió las tarifas especiales para riego en 2008, la factura eléctrica para los regantes de la Comunitat Valenciana no ha parado de subir mientras los precios que perciben por sus producciones han bajado o como mucho se han estancado.

La nueva reforma del Gobierno revisa los peajes de transporte y distribución de la electricidad que actualmente pagan los regadíos, que se caracterizan por tener una alta potencia contratada y un consumo muy desigual que varía notablemente según la época del año. Las tarifas de alta tensión han registrado un incremento importante del término de potencia cuando éste representa más de la cuarta parte de la factura eléctrica. Por su parte, la tarifa que grava el consumo se ha reducido con los nuevos peajes, pero apenas beneficia a los regantes pues su impacto real en factura sólo se aprecia sensiblemente durante los meses de julio y agosto, los más intensivos en riego y, por tanto, de mayor consumo energético. Ha subido mucho el precio del término de potencia, mientras que el precio del kilowatio a pesar de bajar no lo ha hecho ni mucho menos en la misma proporción que la potencia.

Esto es lo que se están encontrando los regantes en las facturas que recogen los consumos realizados a partir del 3 de agosto -fecha cuando entró en vigor la normativa gubernamental- y que ya están llegando a casa de los agricultores durante este mes de septiembre.

Ante ello LA UNIÓ apuesta por un modelo tarifario ajustado al consumo real y no a los puntuales picos, que se pague sólo por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no se utiliza fuera de la época de riego que va de abril a octubre fundamentalmente.

No se debe olvidar que el término de potencia es el único que se plasma en la factura durante los meses del invierno. Darse de baja en el servicio o cambiar de peajes durante los meses que menos se riega comporta un gasto, aunque aún supone un mayor coste el volver a darse alta con el inconveniente de la permanencia durante un año por parte de la distribuidora eléctrica, quien te ofrece obviar ese trámite y regar pero a un precio que supone el doble de lo estipulado. Se mire por donde se mire la tarifa eléctrica para riego, tal y como está contemplada, supone un grave perjuicio económico para el agricultor quien está ligado de pies y manos tanto ante el Gobierno como ante las compañías eléctricas.