Los españoles fueron el segundo grupo nacional que más peticiones presentó ante el Parlamento Europeo en 2012. En concreto, la Eurocámara recibió 1.986 peticiones, de las que 311 fueron planteadas por ciudadanos españoles, un 15,7% del total. Los alemanes encabezaron la clasificación con 475 quejas, el 23,9% de la cifra global.

La protección de los ciudadanos frente a la discriminación, la defensa de sus derechos sociales y civiles, especialmente en tiempos de crisis económica, la libre circulación y la protección del medio ambiente representan las principales preocupaciones de la comisión de Peticiones, según el informe sobre sus actividades en 2012, aprobado el jueves con 446 votos a favor, 35 en contra y 43 abstenciones.

Este documento ofrece una visión general del trabajo de la comisión de Peticiones. Los derechos fundamentales, el medioambiente y la crisis económica y social fueron los temas que los peticionarios presentaron con mayor frecuencia, dicen los eurodiputados. En este sentido, destacaron el papel de la comisión parlamentaria a la hora de identificar salidas no judiciales a los problemas de los ciudadanos.

La protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos sigue siendo una preocupación esencial del Parlamento. Los derechos de los niños y de las personas con discapacidad, la libertad de expresión y la privacidad, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la libre circulación (por ejemplo, un acceso justo al mercado de trabajo y a regímenes de la seguridad social en otros Estados miembros) supusieron gran parte del trabajo realizado por la comisión en el último año.

Por su parte, la crisis económica dio lugar a numerosas peticiones sobre problemas sociales, tales como la vivienda, el desempleo y el modo en el que los bancos tratan a los ahorradores.

Muchas de las quejas que la Eurocámara recibió en 2012 abordaron cuestiones medioambientales (por ejemplo, una autoridad nacional que deja desprotegidas zonas de especial conservación). Problemas relacionados con la ejecución de directivas sobre gestión de residuos, posibles riesgos de la energía nuclear, aves, hábitats y evaluaciones de impacto ambiental surgieron reiteradamente, lo que demuestra que «las autoridades públicas no logran garantizar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas», señala el informe.