FACUA-Consumidores en Acción informa de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha subido en febrero un 17,9% el término de potencia y ha bajado un 6,9% el de energía eléctrica en las tarifas que desde el mes pasado denomina Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor, sustituyendo a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Según los análisis de FACUA, la factura se ha encarecido un 35,1% en los últimos cinco años para el usuario medio. Con las tarifas fijadas en el primer semestre de 2009, el recibo representaba 57,29 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos) y hoy asciende a 77,38 euros. En diez años, la subida ha sido del 75,4%; con los tarifas vigentes durante todo 2004, el usuario medio abonaba 44,11 euros.

Con la resolución publicada este sábado 1 de febrero en el BOE, el precio del kW de potencia contratada ha pasado, redondeando a dos decimales, de los 2,97 euros mensuales en los que se había fijado desde agosto de 2013 a 3,50 euros mensuales (más el 27,19% de impuestos indirectos). En cuanto a la energía consumida, pasa de los 0,133295 euros por kWh establecidos este enero a 0,124107, una tarifa casi idéntica a la que el Gobierno estableció en agosto del año pasado para después subirla un 6,6% en cinco meses.

Un usuario con 4,4 kW de potencia contratada y 366 kWh de consumo mensual (la media en las viviendas ocupadas según los análisis de FACUA) pasará a pagar con las nuevas tarifas 77,38 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos), lo mismo que abonaba con las tarifas vigentes entre octubre y diciembre del año pasado.

Por su parte, un usuario con 4,4 kW y un consumo de 250 kWh mensuales abonará 59,07 euros, el mismo importe que con las tarifas fijadas este enero y 0,95 euros al mes más (un 1,6%) que los 58,12 euros que suponían con las publicadas en el BOE en octubre de 2013.

FACUA reclama una tarifa basada en el coste real de la energía

FACUA insiste en reclamar al Ejecutivo que modifique de una vez el sistema para la fijación de las tarifas eléctricas, que favorece la especulación con un suministro esencia. Así, demanda que deje de basarse en la opaca subasta del sector para establecer un precio regulado basado en el coste real de la producción energética. Asimismo, exige una auditoría histórica del déficit de tarifa.

El pasado diciembre, la asociación denunció al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. FACUA advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad «razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios». Es lo que establece el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.

En la denuncia, de la que acaba de acusar recibo Bruselas, FACUA expone que el Gobierno no tiene implementada ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético, en contra de los mandatos de la directiva.

FACUA lamenta que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno (PP), se negara recientemente a debatir la propuesta del grupo Izquierda Plural (que contaba con el apoyo del principal grupo de la oposición, el socialista), entre cuyos objetivos estaba evitar dichos cortes de suministro durante la estación invernal.