El senador por Lleida, Manel Plana, ha trasladado al ministro de Industria, José Manuel Soria, que “parece que ahora los cerdos y los productores del sector porcino son culpables del aumento de la factura de la luz cuando no es así”, en el transcurso de una interpelación de CiU sobre el cierre de las plantas de purines en el hemiciclo de la Cámara Alta.

Plana ha defendido a los productores del sector porcino y ha exigido medidas urgentes para evitar el cierre inmediato de las plantas de purines y la reducción del impacto negativo que supondrá para las explotaciones ganaderas. En este sentido, ha señalado que “incluso el ministro de Agricultura ha destacado que el sector genera unos datos económicos envidiables”.

Concretamente, el senador ha destacado que “el sector porcino español es el segundo más importante de la Unión Europea y el cuarto productor mundial. Con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales mantiene cerca de 200.000 puestos de trabajo directos; representa aproximadamente el 20% de la Producción Final Agraria, llegando al 30% en el caso de Catalunya. Es sin duda el principal sector de la industria agroalimentaria y un potente sector exportador”.

Ante estos datos, el senador ha manifestado que el cierre de las plantas de purines “supondrá un problema medioambiental en el sector”, por aplicación de la nueva reforma del sector eléctrico, materializada a través de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que modifica el sistema retributivo de la producción de energía con fuentes renovables, cogeneración y residuos, y que elimina la producción de energía en régimen especial.

La normativa y la orden ministerial que la concretará y permitirá su aplicación, al establecen un cálculo de los parámetros retributivos que “no tiene en cuenta las características singulares de las instalaciones de tratamiento de purines respecto a las plantas de cogeneración convencionales. Este hecho supondrá, si no se adoptan medidas para evitarlo, de forma irremediable, el cierre inmediato de todas las plantas”.

De hecho, tal y como ha indicado Plana, “la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purines ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. La aplicación, además, está prevista con carácter retroactivo desde julio de 2013”.
Moratoria

Ante este escenario, Plana ha apuntado ante Soria que “el Gobierno español crea inseguridad jurídica en el sector” y ha reclamado “diálogo” entre el Ejecutivo y todos los agentes implicados, así como una moratoria “para encontrar una solución”. Sobre este aspecto, Plana ha subrayado que “el impacto se puede mitigar de las medidas, pero no se puede mitigar el impacto de los purines, ¿cómo se puede hacer? Debemos implicar a comunidades, productores, transformadores y Gobierno”.