La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) de Castilla-La Mancha se congratula de que, como era de esperar, la ciudad
de Albacete no tenga que pagar por beber agua del Júcar en tiempos de sequía. Lo
contrario sería un agravio inaceptable. Sin embargo, la organización agraria
lamenta que se siga manteniendo “la filosofía que ha inspirado un Plan del Júcar,
injusto con nuestra tierra, además de ilegal e inconstitucional, y que mantiene
como objetivo principal el que lleguen los máximos recursos a la Comunidad
Valenciana en detrimento de Castilla-La Mancha”.

UPA Castilla-La Mancha considera que el proceso de
planificación del Júcar no ha respetado las líneas rojas que nunca deberían
haberse traspasado y se han vulnerado escandalosamente, como eran: garantizar la
preferencia de uso de la cuenca cedente y atender las necesidades presentes y
futuras de nuestra tierra, que es lo que la organización venía reclamando en sus
alegaciones.

Aunque el nuevo borrador mejora algunos aspectos
esenciales para nuestra región como son que Albacete no va a tener que pagar un
sobrecoste por utilizar agua del Pantano de Alarcón en situaciones de sequía, se
adelanta el inicio de las obras para prevenir inundaciones y se incrementa
“la reserva de recursos” para atender algunas actuaciones de regadío de 65 a
100 Hm3. Sin embargo, se sigue manteniendo la filosofía que ha inspirado al
planificador. Este Plan sigue siendo injusto con nuestra tierra, además de
ilegal e inconstitucional, mantiene como objetivo principal el que lleguen los
máximos recursos a la Comunidad Valenciana en detrimento de Castilla-La Mancha.

El ciclo hidrológico en la cuenca hidrográfica del
Júcar no se respeta ya que se trasvasa el agua desde la cuenca hidrográfica del
Júcar, que siendo en principio excedentaria, acaba siendo deficitaria. Déficit
que la Confederación plantea sea cubierto por el Plan Hidrológico Nacional, es
decir, por otros aportes externos. A efectos prácticos lo que provoca es que el
uso del agua en otras cuencas limita las dotaciones de los regantes de Albacete
y Cuenca.

Y aunque perpetúa los trasvases desde el Júcar es
curioso como en el nuevo Plan desaparece el concepto de “trasvase interno”. Que
tiene como objetivo producir una ruptura de los principios de unidad de cuenca y
de los sistemas hidráulicos. De esta forma, se conculca el principio de
PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE (ya que desaparece de la norma el concepto de
cuenca hidrográfica, sustituyéndolo por el sistema de explotación de recursos,
que en el caso del Júcar se convierte en un artificio para llevar agua al
Palancia, Turia y la Albufera, para usos que de esta forma adquieren la misma
prioridad que los propios de la cuenca hidrográfica del Júcar), vulnerando la
Ley de Aguas (art. 14.2 TRLA), la Directiva Marco de Agua 2000/60/CE (arts.
2.13, 2.15, 3.1) y la ya mencionada Instrucción para la Planificación
hidrológica (artículo 3.5.2. Orden ARM/2656/2008).

Según UPA CLM “todo esto nos va a llevar al
absurdo y es que Castilla-La Mancha debe pedir el aporte de agua externa al
sistema al Plan Hidrológico Nacional. Es decir un trasvase, (no sabemos si el
¿del Ebro?), incluso disponiendo de más agua en nuestro territorio, en el Júcar,
que las demandas reales que tenemos”.

El borrador de Plan Hidrológico contiene
verdaderos TRASVASES a otras cuencas hidrográficas incluidas en la Demarcación,
aunque ya no tengan esa consideración en la norma:

El
nuevo Plan del Júcar reconoce que deja de atender 60 Hm3 de los derechos de agua
legales que hoy tienen los regantes de la mancha oriental y además
plantea que para 2027 el volumen de las extracciones de agua subterránea
deberá ir gradualmente reduciéndose de 320 Hm3 a 260 hm³ /año”.  Es
decir, en el horizonte 2027 se nos recortan otros 60 Hm3.

60
hm3 que no se atienden y 60 que tenemos que reducir, los regantes legales de
Albacete y Cuenca no van a ver atendidos 120 hm3 de sus derechos legales
actuales.

La cuenca hidrográfica del río Júcar pasa de ser
EXCEDENTARIA a ser DEFICITARIA pero solo para los usos de regadío de LA MANCHA
ORIENTAL. La masa se considera en mal estado cuantitativo y eso genera más
problemas. Por ejemplo, anualmente un Plan de Actuación en esas masas y un Plan
de Extracciones que aprobará la Junta de Gobierno (controlada por el Levante) y
que dirá el agua que podemos extraer anualmente.