Los ganaderos de porcino, representados por ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de España, junto con la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP), demandan soluciones inmediatas que eviten el cierre definitivo de las plantas de cogeneración de tratamiento de purines y permitan la continuidad de las explotaciones ganaderas.

Con la nueva reforma del sector eléctrico, se modifica el sistema retributivo de la producción de energía con fuentes renovables, cogeneración y residuos. Esta reforma, propuesta por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que pretende asegurar una rentabilidad razonable para las empresas, justamente tendría el efecto contrario y obligaría a cerrar todas las plantas de gestión de purines, que están ya paralizadas.

El Ministerio de Industria ha elaborado un sistema de retribuciones para estas instalaciones que se aplicaría de forma retroactiva desde julio de 2013 y produciría la quiebra automática de las plantas. Este sistema no respeta la normativa establecida, los pactos entre los Ministerios de Agricultura e Industria y la seguridad jurídica imprescindible en un estado de derecho. Además, no tiene ninguna sensibilidad hacia las consecuencias que tendría para el sector porcino, que perdería más de 5.000 puestos de trabajo.

A día de hoy, las plantas de tratamiento de purines están totalmente paradas, ya que la nueva regulación les produce pérdidas diarias y su viabilidad en el estado actual es nula.

Datos del sector porcino español

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector productor de ganado porcino en España representa el 37,1 % de la producción final ganadera y el 14,1 % de la producción final agraria; es el primer sector ganadero de España, y el segundo considerando todos los sectores agrícolas y ganaderos, solamente superado por el de frutas y hortalizas.

El sector porcino es eminentemente exportador. De los 3,5 millones de toneladas de carne producidas en 2012, el 40 % ha tenido como destino el comercio exterior. En concreto, 1,1 millones de toneladas se han exportado a otros países de la Unión Europea y unas 300.000 toneladas han ido a terceros países.

A finales de los años 90, ante la necesidad de encontrar una salida para el tratamiento de los purines excedentarios en zonas de alta densidad ganadera y de cumplir el Real Decreto 261/1996 de aplicación de la Directiva de nitratos, el Ministerio de Industria y el de Agricultura optaron por la vía de vincular el tratamiento de purines a la cogeneración, en el marco de la aprobación del Real Decreto 2818/1998, del 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recurso o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración.

En el año 2007 se modificó el marco normativo. El nuevo Real Decreto 661/2007 preveía garantizar la viabilidad de todas las instalaciones del sector por un mínimo de 15 años desde la fecha de la puesta en marcha. Al amparo de este marco legal, el sector ganadero invirtió y se desarrolló con este modelo de gestión, que desaparece de forma repentina e imprevisible, con lo cual, sin las plantas, NO HAY ALTERNATIVA POSIBLE EN EL CORTO PLAZO.

En España, actualmente hay 29 plantas y el cierre afectará a más de 2.000 explotaciones porcinas que en estos momentos gestionan sus excedentes en estas plantas (alrededor de 2.500.000 m3 de purines).

El cierre definitivo de las plantas crearía una situación insostenible para las explotaciones ganaderas y las zonas afectadas, ya que las plantas garantizan la correcta gestión de los purines, así como la continuidad de las explotaciones. Por tanto, su cierre provocaría la pérdida de competitividad de las explotaciones ganaderas afectadas, ya que ahora no se dispone de alternativas para la gestión de sus purines excedentarios.

Su cierre a nivel nacional produciría la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en entornos rurales, si se tienen en cuenta tanto a las plantas como al sector porcino. Solamente en el sector porcino se calcula una pérdida de PIB de 350 millones de euros al año.

¿Por qué hay que asegurar la continuidad de las plantas de tratamiento de purines?

Las plantas, tras más de 10 años de funcionamiento, han demostrado que son una solución muy útil e imprescindible en el corto plazo para garantizar una correcta gestión de los excedentes de purines de las zonas con más densidad ganadera.

El sistema de tratamiento de purines, con eliminación del agua y la obtención de un producto sólido, facilita su almacenamiento y la gestión de la fracción sólida como abono en otras zonas agrícolas.

Las plantas son una excelente herramienta para impulsar y ayudar a la gestión colectiva de los purines en el territorio.

Se ha hecho una inversión muy significativa en nuevas tecnologías, que suponen importantes reducciones de emisión de CO2 y de nitrógeno.

Pese a ello, de aplicarse el nuevo régimen retributivo, el Gobierno vulneraría el principio de seguridad jurídica y se enfrentaría a numerosas reclamaciones por daños patrimoniales.

En consecuencia:

ADAP, ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, Cooperativas y UPA proponen eliminar el carácter retroactivo de la propuesta legislativa del Ministerio de Industria, una moratoria del régimen actual de al menos 2 años, que permita al sector buscar soluciones alternativas y viables, y la interlocución entre gobierno y sector afectado para conocer el transcurso de las negociaciones.

Exigen al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la revisión urgente del borrador de Real Decreto y Orden Ministerial ‘energías renovables, cogeneración y residuos’ para lograr una solución que permita la apertura inmediata de las plantas de tratamiento de purines y evite los cuantiosos daños económicos que ya se están produciendo.