Las decisiones de esta Interprofesional afectarán a muchos operadores que no han estado representados en su gestación, lo que no augura un buen comienzo para esa organización. Difícilmente se va a conseguir un consenso como el que el sector necesita para afrontar sus principales problemas si se trata de imponer los acuerdos de una Organización Interprofesional a un gran número de viticultores y bodegueros que no han tenido representación en la constitución de la misma. Resulta igualmente complicado que ésta cumpla los objetivos y funciones que la ley asigna a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias si no se cuenta con una parte tan importante del sector, según denuncia la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.

A pesar de los llamamientos que han realizado las Denominaciones de Origen Vitivinícolas para que se les informe sobre los objetivos y las necesidades que pretende satisfacer la Organización Interprofesional del Vino a nivel nacional que ha impulsado el Ministerio, éste ha hecho caso omiso a esas peticiones y ha provocado un acuerdo entre una parte del sector, ignorando la opinión, sin embargo, de las 69 denominaciones de origen vitivinícolas, cuya importancia y protagonismo en el mercado en los últimos años ha crecido significativamente y, según datos oficiales, están fuera de toda discusión, contribuyendo a generar valor para el vino español en el mercado exterior e interior y a ganar cuotas de mercado a nivel internacional hasta hace pocos años impensables para el vino de nuestro país, algo que ha ocurrido gracias al esfuerzo y al trabajo de las bodegas y viticultores a ellas adscritas, muchos de los cuales no han estado representados en las negociaciones para la creación de esta interprofesional.

La constitución de una Interprofesional con la representatividad que ha conseguido aglutinar el Ministerio, obviando a una parte tan importante del sector y sus peticiones, no ya para formar parte de la organización, sino para que su opinión a la hora de darle forma fuera tenida en cuenta, dado el conocimiento del mercado que aglutinan las denominaciones de origen vitivinícolas, se puede calificar como una foto para la galería y no como una solución a los problemas del sector.

Difícilmente se va a conseguir con una organización así gestada el amplio consenso que el sector necesita para afrontar sus problemas si se trata de imponer los acuerdos de una Organización Interprofesional a un gran número de viticultores y bodegueros que no han tenido ni arte ni parte en la constitución de la misma. De igual modo, se antoja complicado conseguir los objetivos y funciones que la Ley 38/1994, de 30 diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias asigna a éstas si no se cuenta con una parte tan importante del sector.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas integra en la actualidad a 52 Consejos Reguladores, representativos de 54 denominaciones de origen (los consejos de Jerez y Málaga lo son también de las D.O. Manzanilla y Sierras de Málaga, respectivamente).

En términos comerciales sus asociados agrupan a más de 4.000 bodegas en todo el país, que comercializan una cifra superior a 1.384.000.000 botellas de vino con D.O., la inmensa mayoría de la comercialización del vino (más del 90%) del vino envasado con D.O. en nuestro país.

Los 52 Consejos Reguladores integran más de 134.500 viticultores, titulares de más de 580.000 hectáreas de viñedo.