El presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Javier Pagés, trasladó ayer a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Garcia Tejerina, la inquietud de las bodegas españolas ante las consecuencias que una “injusta” aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria (LCA) puede tener para el sector bodeguero.

En concreto, durante la reunión mantenida esta mañana en la sede del Ministerio, la primera entre la patronal bodeguera y la actual ministra, el presidente de la FEV ha manifestado la oposición de las empresas que representa al criterio adoptado por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) que obliga a las bodegas a abonar el precio de las uvas a los agricultores en un plazo máximo de 30 días a contar desde la entrega del bien, por considerar que se trata de un producto perecedero.

En respuesta a este criterio, Pagés ha entregado a la ministra un informe jurídico con numerosos argumentos que defienden la aplicación de un régimen diferenciado para la uva de vinificación frente aquella destinada a consumo como fruta fresca, de modo que se pueda abonar a 60 días al ser un producto no perecedero. En cuanto al momento en el que debería empezar a contar el plazo, ha querido puntualizar también que la entrega de la uva en las zonas amparadas por una Denominación de Origen no se perfecciona hasta cumplir una serie de requisitos de calificación por lo que la fecha de cómputo de inicio del plazo sería también discutible.

Apoyado en este informe, el presidente de los bodegueros ha subrayado que la uva para vinificación no debe ser considerada fruta para consumo directo, ya que está en fase de transformación desde que se corta de la cepa y, por tanto, debe tener un tratamiento diferenciado. Una diferenciación que, de hecho, ya hace el Código Alimentario Español y que también se produce en otro de los principales países productores de vino del mundo, Francia, donde su normativa distingue claramente entre productos alimenticios perecederos, por un lado, y las uvas de vinificación por otro, recibiendo distinto tratamiento en cuanto a los plazos de pago.

Además, Pagés ha destacado durante la reunión que el sector del vino es una cadena en la que algunos eslabones reciben mucho más carga financiera que otros, como es el caso de las bodegas, que se ven obligadas a pagar la uva a 30 días mientras que su producto puede estar de media más de tres años en la bodega como existencias antes de alcanzar los distintos niveles de crianza necesarios para poder venderse.

Por último, le ha recordado a la ministra que el sector ya era consciente de los problemas que podía acarrear la aprobación de la LCA y así se lo manifestó a su antecesor, Miguel Arias Cañete, en una reunión celebrada el pasado año. Sin embargo, en aquel momento el sector facilitó que la Ley siguiese adelante en favor del interés general, con el compromiso de que cuando llegasen los problemas, como ya ha ocurrido, la norma sería sometida a revisión para evitar que su aplicación pudiese resultar perjudicial para ninguna de las partes afectadas.

En cualquier caso, la FEV está satisfecha del encuentro mantenido y ha destacado la receptividad del Ministerio a las propuestas de la FEV y sus ganas de trabajar para alcanzar un consenso beneficioso para todas las partes.