José Manuel de las Heras, coordinador estatal de la Unión de Uniones, y Joan Caball, coordinador de Unió de Pagesos, junto a Andreu Ferrer, coordinador técnico de Unió de Pagesos, se reunieron ayer en el Parlamento Europeo con el eurodiputado Josep M. Terricabras (ERC), Ernest Urtasun (ICV), Estefanía Torres (Podemos), Francisco Gambús (UDC) y Esther Herranz (PP), y hoy se reunirán con Ramon Tremosa (CDC), a las 9.30, con Javi López (PSC) y representantes del PSOE, a las 11.00h.

Unión de Uniones y Unió de Pagesos piden que el vino, por su carácter de producto parte de la dieta y la cultura alimentaria mediterránea, tenga un tratamiento diferenciado en la propuesta de resolución sobre la Estrategia Europea en Materia de Alcohol, que el Parlamento Europeo votará a finales de abril y que prevé la prohibición de fondos públicos para la promoción de alcohol.

La propuesta de resolución contiene medidas positivas para la prevención del alcoholismo y sus efectos en particular sobre colectivos de riesgo en la población, pero vuelve a cometer el error, frecuente en diversas instituciones, de no discriminar adecuadamente entre los diferentes tipos de bebidas y de consumos. La propuesta de resolución también atentaría contra la posibilidad de realizar campañas informativas en el seno de la UE sobre la diferenciación de los vinos de calidad e impulsar el consumo responsable.

Por otra parte, han explicado la denuncia de la organización ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) en los Reales Decretos que regulan, a partir de este 2015, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), así como, por el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, al no ser agricultores.

La organización inició en febrero una campaña de adhesiones a la denuncia entre los agricultores profesionales, con charlas a cargo de las organizaciones territoriales miembro de la Unión de Uniones, así como de boletines electrónicos divulgativos e impresos disponibles en todas las oficinas de las mismas, para dar a conocer el alcance de las afectaciones de las actuaciones contrarias a la normativa de la UE del Gobierno de España en la aplicación de la nueva PAC 2015-2020, y se han recogido hasta el momento más de 3.000 firmas de adhesión a la denuncia y que han sido trasladadas a la Comisión Europea.