La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se reunió ayer con el Director General de Industrias Agroalimentarias para trasladar la preocupante situación de los ganaderos de vacuno de leche de la región y solicitar la complicidad de la Consejería para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con objeto de mejorar el nivel de precios de los agricultores y ganaderos de la región. La organización ha pedido mayores controles para erradicar situaciones de fraude que alteren los mercados y que las ayudas públicas, como las de FOCAL, se reserven a empresas que contribuyan a vertebrar los sectores productivos castellano-manchegos.

La Unión de Uniones -representada por su Secretario General, Jorge Rodríguez; el Vicesecretario Modesto Lorenzo y el responsable de ganadería José Luís Saez- ha transmitido al Director General de Industrias Agroalimentarias, Agapito Portillo, acompañado por responsables también de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, un diagnóstico de la crisis del sector productor de vacuno de leche de la región, que en los catorce meses en los que los precios de venta llevan por debajo de los costes de producción han llevado a acumular para los ganaderos unas pérdidas que la organización evalúa en 1.000 euros por vaca. A esta situación se ha llegado, pese a la buena estructura de las explotaciones de Castilla-La Mancha, con una media superior a las 120 vacas por explotación gracias al esfuerzo económico realizado por los ganaderos, con unas importantes inversiones en sus estructuras y en adquisición de cuota. La situación amenaza insostenible para muchas de estas explotaciones que tienen, además, un endeudamiento importante.

La Organización ha expresado que más allá de ayudas coyunturales, necesarias para salvar la crítica situación de liquidez de los ganaderos, son imprescindibles actuaciones que corrijan las deficiencias en el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta cuestión no es específica del sector lácteo, sino que debe extenderse a otros y, especialmente en estos momentos, al vitivinícola. En este sentido la Unión de Uniones ha reclamado al Director General que la administración autonómica ejerza eficazmente todas sus competencias y utilice todos los instrumentos a su alcance. Entre dichos instrumentos se ha solicitado que se incrementen los controles de prevención y lucha contra el fraude en el transporte, identificación y etiquetado de productos agroalimentarios, venta a pérdidas en la distribución e incumplimientos en la regulación de la cadena alimentaria.

Por otro lado, la Dirección General ha acogido positivamente la propuesta de la Unión de Uniones de excluir de las ayudas a la comercialización y transformación de productos agrarios (FOCAL), cuya puesta en marcha ha sido anunciada para este mismo mes, a aquellas empresas que vulneren las obligaciones de contratación y plazos de pago y resto de disposiciones de la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Igualmente se ha pedido que se priorice en la concesión de estas subvenciones a las empresas agroalimentarias que contribuyan a la mejora del tejido socioeconómico de los sectores y del medio rural mediante la adopción de Códigos de Buenas Prácticas Comerciales y celebración de contratos con precios indexados teniendo en cuenta los costes de producción.

La Unión de Uniones confía en que la buena disposición manifestada por la Dirección General de Industrias Agroalimentarias a lo largo de la reunión sea un síntoma de que realmente los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha cuentan con la complicidad de la Consejería de Agricultura para mejorar su situación de rentas.

Por último, la organización expresa su nula confianza en que de la reunión que hoy se mantiene entre el Ministerio de Agricultura y la Interprofesional Láctea INLAC, puedan salir soluciones para los ganaderos. La INLAC ha demostrado sobradamente su incapacidad para contribuir a ordenar los contratos y dotar al mercado de transparencia, pese a haber recaudado para estos objetivos en las últimas campañas del sector y también de los ganaderos, del orden de 1 millón de euros anuales y, además, está por organizaciones que no han acreditado, tal y como exige la normativa estatal y la reglamentación comunitaria, la representación necesaria de los ganaderos para tomar acuerdos en su nombre.