El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente excluye a los ganaderos andaluces de las ayudas estatales de mínimis al
sector lácteo, según COAG Andalucía. El departamento que dirige Isabel García
Tejerina ha decidido obviar los costes de producción como criterio a la hora de
establecer los umbrales para el cobro de las ayudas de mínimis, y ha establecido
un umbral lineal que deja fuera a los productores andaluces.

Se establecen dos niveles de ayuda, uno de 300
euros por vaca, que se pagará a quienes hayan vendido el litro de leche por
debajo de 0,259 euros (umbral 1), y otro de 110 euros por vaca a quienes hayan
vendido por debajo de 0,285 euros. Con esos datos, Andalucía queda fuera de unas
ayudas cuya distribución se realiza del siguiente modo:

COAG Andalucía recuerda que los ganaderos de
nuestra comunidad han hecho un gran esfuerzo para modernizar sus explotaciones,
recurriendo a la mejora genética y con un alto nivel de tecnificación y control
sanitario, que les permite producir más y mejor: una leche reconocida por su
alta calidad y seguridad alimentaria. Esta leche es mejor valorada en el
mercado, y recibe un precio más alto que en otras comunidades. Pero de ahí no se
deduce que la rentabilidad sea mayor, porque ese trabajo por la calidad implica
mayores costes de producción, por las fuertes inversiones realizadas para
conseguir un resultado óptimo.

Por eso, es injusto e incomprensible que se les
penalice. En opinión del secretario general de COAG Andalucía, Miguel López:
“Dejar la concesión de la ayuda sólo en el precio de venta del producto, sin
tener en cuenta sus costes de producción ni los niveles de inversión y
amortización responde más a un criterio político que técnico. No se ha hecho una
evaluación real de los rendimientos netos de la explotación. ¿Cómo se va a
determinar el nivel de renta de un ganadero si no se tienen en cuenta los costes
de producción? Un ganadero andaluz puede vender más cara su leche y, sin
embargo, tener más pérdidas que uno de otra comunidad con otro modelo, más
extensivo, con menores costes y menos productivo. ¿Se merece un castigo el que
trabaja por mejorar, el que busca la calidad? Esto mueve a pensar que el
criterio para la concesión de ayudas es político, y desde luego no es
objetivo”.    

Además, López señala: “Aquí lo que hay de fondo es
una guerra comercial, motivada por intereses bastardos y especulativos, de una
gran distribución europea que quiere quedarse con el sector, desmantelar el
tejido productivo en España para colocar sus excedentes procedentes de otros
países europeos. Esto nos conduciría a una situación de dependencia inaceptable,
ya que hablamos de un producto básico y por tanto estratégico para nuestra
alimentación”.

COAG ya había denunciado que con la eliminación
del sistema de cuotas lácteas los ganaderos quedarían a merced de las industrias
y presionados por las importaciones de leche desde los países del centro y norte
de Europa donde los costes de producción son más reducidos. Y ha exigido medidas
de regulación de mercado para apoyar la sostenibilidad del sector lácteo. Las
ayudas no dejan de ser “un parche que no soluciona el problema estructural del
sector” y más si no se usan con criterios técnicos y objetivos, sino políticos.
“La única solución posible para el sector lácteo es determinar un precio en
origen del litro de leche que cubra los costes de producción, y ésta fue una de
las principales causas por la que COAG no suscribió el “acuerdo lácteo”
propuesto por el Ministerio, además de porque no fija sanciones por
incumplimiento de los compromisos adoptados por parte de cada uno de los
operadores firmantes.

El sector del vacuno de leche constituye un
importante pilar en la economía del nuestro medio rural. Actualmente, Andalucía
cuenta con unas 600 explotaciones lácteas, que entregaron 500 millones de litros
de leche en el año 2014, lo que supone el 7,5% del total español.