Unión de Uniones de Castilla-La Mancha mantuvo ayer una reunión con el Director General de Industria Agroalimentaria y Cooperativas de la Consejería de Agricultura para denunciar el ataque frontal de la industria láctea al sector ganadero de vacuno de la región, y en general del conjunto del Estado. Las bajadas de precios y los avisos de no recoger la leche obedecen al planteamiento de una industria, que aunque instalada aquí, tiene sus intereses deslocalizados fuera de la región por la importante presencia de capital extranjero, fundamentalmente francés. Se ha pedido al gobierno regional que actúe frente a esta situación.

Los ganaderos de vacuno de leche, siguiendo las orientaciones de la política agraria y de los mercados, han realizado importantísimas inversiones en derechos de producción y mejora de sus explotaciones, en un proceso de reestructuración que en los últimos 15 años nos ha llevado de tener del orden de 800 explotaciones con una producción de 140.000 toneladas, a las actuales 200 granjas con una producción de más de 200.000. Su esfuerzo va irse al traste en los próximos meses si la industria láctea mantiene su presión a la baja en los precios a lo ganaderos, pese a las noticias de beneficios crecientes de la industria que se anuncian en los medios de comunicación. Esta estrategia va provocar el cierre de las granjas por asfixia económica y es el síntoma más claro de la inutilidad del acuerdo para la “sostenibilidad” del sector lácteo promovido por el Ministerio. Tras aquella fotografía, la industria láctea y la gran distribución, están manteniendo un pulso contra el sector productor, pero sobre todo contra el Ministerio y contra las Administraciones Autonómicas.

La organización ha trasladado a la Consejería de Agricultura estas inquietudes y ha reclamado actuaciones desde la administración regional para evitar la desaparición del tejido productivo en este sector. “La Consejería y el Ministerio no pueden asistir impertérritos al ataque frontal que se está llevando contra el sector productor lácteo de este país y de esta región, ni ante una industria que nos está haciendo una OPA hostil dirigida desde Francia para acabar colocándonos sus excedentes”.

Unión de Uniones denuncia que se está produciendo la tormenta perfecta, ahogando a los ganaderos para que acabemos abocados a reducir nuestra producción: una situación totalmente incoherente cuando España produce 6 millones de toneladas y consume 12 millones. “O se adoptan medidas, o esto acaba con el Ministerio español pidiendo en Bruselas una ayuda para matar nuestras vacas y comprándole la producción a los franceses”, ha manifestado la organización.

Todo esto sucede además, cuando existe una Interprofesional que lleva años cobrándole a los ganaderos una tasa del orden de medio millón de euros anuales, teóricamente para dotar al mercado de transparencia y equilibrarlo y donde se sientan la representación de las industrias condenadas por Competencia con una multa de más de 88 millones de euros por prácticas ilícitas que han perjudicado a los ganaderos por un montante de 816 millones de euros.

“Nadie tiene que explicarnos lo del libre mercado. Lo conocemos, pero hay cosas que pueden y deben hacerse”. La organización ha solicitado a la Administración Autonómica que no se destine ni un euro de subvenciones públicas para industrias que no estén comprometidas con el desarrollo armónico del tejido productivo de la región; que incremente y sea rigurosa con los controles que se realizan sobre el origen y la calidad de la leche procesada en la región, también en beneficio de los consumidores; que se inspeccione la posible venta a pérdidas en las cadenas de distribución que operan en Castilla-La Mancha y que coordine con otras Comunidades Autónomas y la Administración Central reformas en el etiquetado de la leche y los productos lácteos para que los consumidores conozcan el origen de la materia prima, su calidad y la trazabilidad de precios; así mantener la tensión de las autoridades fiscales y de competencia para contar con todas las garantías de ausencia de prácticas abusivas como las sancionadas en el pasado. Porque “los gobiernos no pueden conformarse con hacer el Don Tancredo ante esta situación”.