Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, en los proyectos financiados por la UE destinados a mejorar las zonas rurales mediante la construcción de carreteras, redes de abastecimiento de agua, centros escolares y otras instalaciones solo se obtuvo una optimización de recursos limitada. Si bien algunos de estos proyectos de desarrollo rural realizaron contribuciones positivas a las zonas rurales, los auditores manifiestan que puede «lograrse mucho más» con los recursos financieros disponibles.

Entre 2007 y 2013 se asignaron 13 000 millones de euros de los fondos de la UE a inversiones en infraestructura rural a través de programas de desarrollo rural, que sumados a los fondos nacionales casi alcanzaron un total de 19 000 millones de euros. Su finalidad era impulsar el crecimiento económico, incrementar el atractivo de las zonas rurales y mejorar sus conexiones con grandes infraestructuras. También apoyan estas inversiones otras fuentes de financiación europeas, nacionales, regionales y locales.

En el informe, los auditores examinaron si la Comisión Europea y los Estados miembros habían logrado optimizar los recursos empleados en las medidas financiadas. Se seleccionaron cinco Estados miembros: Alemania, España, Italia, Polonia y Rumanía. Aunque algunos de los proyectos de infraestructura controlados aportaron una contribución positiva a las zonas rurales, los auditores observaron que los Estados miembros y la Comisión, que actuaron en régimen de gestión compartida, solo habían conseguido hasta cierto punto optimizar los recursos empleados.

Según Nikolaos Milionis, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, «La Comisión Europea y los Estados miembros gestionan de forma compartida gran número de proyectos de infraestructura en zonas rurales, pero podrían lograr mucho más si trabajaran juntos de manera más eficaz».

Los Estados miembros no siempre justificaron claramente su utilización de los fondos de desarrollo rural de la UE y se centraron en evitar la doble financiación más que en lograr una coordinación eficaz con otros fondos. No se gestionó eficazmente el riesgo de que los proyectos pudieran haberse llevado a cabo de todas formas sin la financiación europea, si bien se identificaron algunas buenas prácticas. Los procedimientos de selección no siempre orientaron la financiación hacia los proyectos con mejor relación coste-eficacia y más sostenibles, mientras que los largos retrasos en los trámites administrativos repercutieron en la eficiencia y eficacia de las medidas.

A menudo no se disponía de información fiable sobre sus resultados, lo cual dificultaba la futura orientación de las políticas y la gestión del presupuesto en función de los resultados.

Los auditores afirman que la Comisión ha adoptado desde 2012 un enfoque más proactivo y coordinado. Una aplicación adecuada de los cambios debería traducirse en una mejor gestión financiera en el período de programación 2014-2020. Sin embargo, advierten de que es probable que persistan ciertas insuficiencias en la coordinación de los fondos y en la información sobre los resultados.