El pleno del Parlamento Europeo debate y vota hoy sus condiciones al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE. Los eurodiputados ya han dejado claro que proteger los intereses de los ciudadanos de la UE será una de sus prioridades. Una vez que la Cámara fije su posición, el Reino Unido y la UE empezarán a negociar los términos de su nueva relación, durante un periodo de hasta dos años. El PE tendrá que ser consultado al final del proceso y dar su visto bueno.
El 29 de marzo, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de la UE, que sirve como notificación formal de su intención de abandonar la Unión.
Una de las cuestiones claves es qué ocurrirá con los británicos que viven en otro país miembro de la UE y con los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido. El proyecto de resolución que se votará mañana reclama un trato justo y dice que sus intereses deberían estar en el centro de las negociaciones. También añade que su estatuto y sus derechos deberían estar sujetos a los principios de «reciprocidad, equidad» y «no discriminación».
Otras prioridades
– Las negociaciones deben llevarse a cabo de buena fe y con total transparencia.
– No puede haber una conexión entre cuestiones de seguridad y la futura relación económica.
– El proceso de paz debe continuar en Irlanda del Norte y evitarse una “frontera dura” con Irlanda.
– El Reino Unido debe cumplir con todas las obligaciones que ha comprometido, incluidas las relacionadas con el presupuesto.
– Las bases de la futura relación entre la UE y el Reino Unido sólo podrán discutirse una vez que se hayan hecho progresos sustanciales en las conversaciones sobre cómo el Reino Unido abandonará la UE.
– No habrá mercado único a la carta: pertenecer al mercado único conlleva permitir la libre circulación de bienes, capital, servicios y personas.
– No puede haber negociaciones separadas con países de la UE o con terceros países
Estas prioridades son clave porque el Parlamento tendrá en cuenta si han sido reflejadas en el acuerdo final antes de dar su visto bueno. Sin la aprobación del Parlamento, el acuerdo no podría entrar en vigor.
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