La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha iniciado el reparto de 7,6 millones de dosis de vacunas para hacer frente a la lengua azul. Estas vacunas son ahora entregadas a los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y a los de las explotaciones de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, así como de la comarca granadina de Motril. El reparto corresponde a las delegaciones territoriales de la Consejería y de las oficinas comarcales agrarias que llevan a cabo un registro informático y documental de los productos facilitados. Esta vacunación tiene carácter obligatorio y se realiza en el período de riesgo que ahora se inicia.

La Junta de Andalucía ha adquirido un total de 14,8 millones de dosis de esta vacuna, lo que permitirá inmunizar las cabañas ganaderas bovina y ovina en 2017 y 2018. En total el Gobierno andaluz ha adquirido 8,2 millones de dosis contra el serotipo 1 y otros 6,6 millones contra el serotipo 4, por un importe total de casi tres millones de euros.

Después de los brotes de lengua azul registrados en distintas comarcas desde septiembre de 2014, Andalucía debe aplicar el programa nacional de vigilancia y erradicación de esta enfermedad, lo que obliga a vacunar al ganado ovino y bovino. La normativa estatal impone esta vacunación de todas las ovejas y vacas de más de tres meses en las zonas afectadas y durante cuatro años, siendo 2017 el tercero año consecutivo. De este modo, en Andalucía se va a proceder este año a la vacunación de alrededor de 1,7 millones de ovejas y 500.000 vacas de más de 16.000 explotaciones. Desde 2015, la Junta ha destinado 5,5 millones de euros a la protección de estas cabañas ganaderas frente a la lengua azul.

Una vez controlada la enfermedad, ahora sólo es necesaria la aplicación de una dosis antes del período de riesgo para animales ya vacunados anteriormente. Los nacidos después de la campaña de vacunación del pasado año deberán recibir dos dosis, separadas al menos 21 días una de otra. El objetivo es evitar la aparición de nuevos focos y la extensión a zonas libres, así como facilitar el movimiento de los ejemplares que ya están totalmente protegidos y no paralizar la actividad económica de las áreas afectadas.