Prescindir de los herbicidas basados en glifosato supondría un impacto económico negativo que ascendería a 2.124 millones de euros en términos de producción, suponiendo un 0,10% de la Producción Nacional. Asimismo, en términos de empleo las pérdidas que podría acarrear la no renovación ascenderían a casi 5.000 empleos. Estas son las principales conclusiones que se deducen del Estudio Impacto socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España, elaborado por PwC.

La causa de tan altas pérdidas monetarias y laborales se producirían en gran medida como consecuencia de la disminución de la producción agrícola, que afectaría a la actividad de los sectores relacionados –proveedores, clientes, sector de la alimentación, la agricultura, hostelería y la restauración y el comercio al por mayor y al por menor.

No renovar la autorización del glifosato afectaría principalmente al sector agrícola generando tres efectos inmediatos sobre la producción agrícola que actualmente lo utiliza:

Disminución de la producción por hectárea en un 10% en promedio para el conjunto de cultivos. Afectaría especialmente a los cultivos de cereales y permanentes, provocando reducciones de producción en torno al 11% en la superficie afectada, en cultivos extensivos también acusarían una caída significativa, en torno al 5%.
Aumento de la carga de trabajo de los agricultores. El glifosato ofrece un método sencillo y rápido de manejar los cultivos, realizando labores mínimas de laboreo. Por lo tanto, la eliminación del glifosato podría incrementar los requerimientos de trabajo, pasando de 1,91 h/ha a las 3,85 h/ha, un incremento de las horas anuales del 49%.
Aumento del coste de la producción agrícola. Los agricultores tendrían que utilizar fórmulas alternativas más caras que incrementarían los costes de producción en torno al 9% y la práctica de la Agricultura de Conservación se vería muy perjudicada. Prescindir de glifosato supondría un incremento del coste variable de producción de los cereales del 18% en término medio y del 3% en el caso de cultivos extensivos. Como consecuencia de este encarecimiento de la producción agrícola se produciría un aumento del nivel de precios en la cadena alimentaria.

Con respecto a las transacciones comerciales, la caída de la producción y el encarecimiento de la misma darían lugar a un incremento de las importaciones de 304 millones y una reducción de las exportaciones de 346, empeorando la balanza comercial en 650 millones de euros. Asimismo, la disminución de la actividad económica tendría un impacto significativo sobre los ingresos de la Administración Pública, principalmente a través de la reducción de la recaudación fiscal, en 163 millones de euros.

En su conjunto, el sector agrario, ha contribuido a reducir el déficit comercial nacional obteniendo un saldo positivo de 5.323 millones de euros y la caída de la producción supondría una pérdida de PIB agrícola de 296 millones, a lo que habría que añadir 111 millones adicionales derivados de la pérdida por encarecimiento de la producción, lo que conjuntamente supondría una pérdida del 3% del PIB agrícola. Por ejemplo, en el caso de los cereales sufrirían una caída de producción de 277 millones de euros, lo que supone una disminución del 7,7%.

En España la importancia del sector agrícola representa el 2,6% del PIB y el 4% del empleo nacional y la superficie tratada con esta sustancia activa asciende a 3,9 Mha, aproximadamente el 28% de la superficie de cultivo total. Asimismo, la producción de cultivos en los que se utiliza glifosato asciende a casi 19 millones de toneladas y 5.900 millones de euros, lo que supone el 23% y el 21% de la producción agrícola en España en toneladas y en unidades monetarias, respectivamente.

La utilización de glifosato no se limita exclusivamente al entorno agrícola sino que su uso se extiende al mantenimiento de diferentes infraestructuras, como las industriales, de redes de transporte, vías urbanas, parques y jardines. En torno al 70% de las carreteras son tratadas con herbicidas (unos 125.000 kilómetros anualmente) y más de 15.000 kilómetros de vías férreas. Las alternativas a la utilización del glifosato son sensiblemente más costosas, como es el caso de la siega mecánica, que resulta entre 4 y 5 veces más cara.

El glifosato se utiliza para evitar el riesgo de incendios que pueda ser originado por las malas hierbas; aumentar el nivel de seguridad al evitar que la mala hierba obstaculice la visión de señales de tráfico y se interponga en la circulación de trenes y vehículos; y evitar que la vegetación sirva como refugio de plagas y enfermedades, principalmente en parques y jardines.

Desde AEPLA señalan que “la evidencia científica sobre la seguridad de esta sustancia activa acredita para que la Comisión Europea proponga la renovación del glifosato por 15 años, tal como contempla la norma, y ahora los argumentos socioeconómicos muestran el alto valor de esta sustancia activa y el enorme impacto que tendría una no renovación de la misma”.

Recuerda AEPLA que, sobre la seguridad del glifosato, se han pronunciado favorablemente las autoridades competentes de la Unión Europea como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en Inglés) , la Agencia Europea de Mezclas y Sustancias Químicas (ECHA por sus siglas en Inglés) , autoridades de Estados Miembros como el BfR Alemán , autoridades de países como la Agencia de Evaluación Ambiental de EEUU , y autoridades de Canadá , de Japón , de Australia , y de Nueva Zelanda , entre otros países. En todos los casos han determinado que el glifosato es seguro para los usos para los que está dirigida.

En palabras de Carlos Palomar, Director General de AEPLA, ‘Entendemos y aceptamos un estricto marco normativo como el actual en materia fitosanitaria, pero si pedimos que sea previsible. Sólo de esa manera las empresas verán garantía de seguridad para asumir el esfuerzo en inversión que significa desarrollar nuevas soluciones’, y añade ‘entre todos hemos creado y consensuado una estructura organizativa en Europa en la que diferentes organismos y autoridades científicos asumen la responsabilidad de velar por nuestra salud y seguridad alimentaria. Lamentamos que su opinión no sea valorada frente a mensajes emocionales que se posicionan y movilizan en contra de la evidencia científica. Si finalmente se acuerda la prohibición de una sustancia como el glifosato, cuya seguridad ha sido confirmada por los organismos competentes en la materia, estaríamos sentando un precedente de muy negativas consecuencias de cara al futuro’.