La prohibición de quemar restos agrícolas de manera indefinida quedará suspendida a partir de la semana que viene, según ha trasladado el Secretario Autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro en una reunión mantenida con una representación de LA UNIÓ de Llauradors, encabezada por su secretario general Ramón Mampel.
Conselleria ha indicado que podría volver a establecer dicha prohibición, en vigor desde el pasado 6 de enero, si las circunstancias climatológicas vuelven a ser adversas con elevadas temperaturas y ausencia de precipitaciones-. LA UNIÓ es consciente del peligro que existe con esas condiciones, pero cree que hay que compatibilizar en la medida de lo posible la prevención de incendios con las necesarias prácticas agrícolas. En este aspecto lleva desde hace años aconsejando a los agricultores que extremen las precauciones a la hora de quemar sus restos y que eviten hacerlo cuando la climatología no lo permita y también insistiendo en que los Ayuntamientos elaboren sus planes de quema locales.
LA UNIÓ había pedido a Conselleria que se levantara dicha prohibición para poder efectuar los imprescindibles trabajos de poda que deben realizar estos días los agricultores en sus campos y evitar su masivo amontonamiento en los mismos que provoca la posible propagación de plagas en las explotaciones y la mayor presencia de fauna salvaje, así como un posible foco de incendios.
En este sentido, la Organización Profesional Agraria indicó que muchos agricultores no disponen de alternativas, salvo las quemas, para deshacerse de las podas y una iniciativa interesante sería la concesión de incentivos económicos para la compra de trituradoras. Julià Álvaro señaló que la Conselleria de Agricultura destinará una partida económica para posibilitar esa adquisición por parte de los productores.
En el transcurso de la reunión, LA UNIÓ también ha insistido a Conselleria de Agricultura en la necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes de las explotaciones ganaderas sometidas a impacto ambiental. El retraso en esa tramitación provoca un grave quebranto entre los ganaderos a la hora de poner en marcha sus explotaciones y desde Medio Ambiente se ha indicado que se van a poner todos los medios posibles para agilizarlas.
En este aspecto, LA UNIÓ también ha pedido a Conselleria revisar los umbrales de impacto ambiental para las explotaciones ganaderas porque son diferentes a los de otras comunidades autónomas, lo que pone a nuestros ganaderos en inferioridad de condiciones respecto a sus homólogos de otras zonas. Por ejemplo, en comunidades autónomas vecinas como Aragón o Castilla La Mancha las explotaciones de porcino de engorde a partir de 2.000 plazas están obligadas a la tramitación de impacto ambiental, mientras que la Comunitat Valenciana se sitúa el límite en 400. Una declaración de impacto ambiental le supone al ganadero mayor gasto, más trámites burocráticos y un retraso para iniciar su actividad.
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