En el ámbito rural del Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, recogiendo una amplia reivindicación del sector de la fruta dulce, acabamos de promover ante el Congreso de los Diputados una iniciativa encaminada a que el Gobierno destine a subvencionar la arrancada de frutales las ayudas extraordinarias previstas frente al veto ruso. A nadie escapará que es ésta una medida dura, casi a la desesperada, pero que, en primera instancia, va dirigida a sumar en el objetivo de lograr los precios justos para la fruta dulce.

No es la primera medida de choque contra la crisis de precios que defendemos. Ya hace pocos meses, conseguíamos que la Comisión de Agricultura y Alimentación aprobara nuestra propuesta de emprender un plan de reconversión varietal, que promovía una mejora de la calidad de la fruta y de la productividad de las plantaciones, la  desestacionalización de las producciones, el fomento del uso de variedades protegidas, la eliminación del mercado variedades de baja calidad y que impedían mejorar los precios en origen y la reconversión del sector, una renovación hacia prácticas más competitivas y mejor recibidas desde las personas consumidoras. En la misma línea, también conseguíamos la ampliación de las ayudas para transformación en zumos y conservas y aumentar los cupos de pago en especies por las entidades de acción social o la exigencia de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, desarrollando un régimen fiscalizador y punitivo de medidas contra la competencia desleal, el abuso de posición dominante y prácticas como el dúmping o la venta a pérdidas.

Sin embargo, la triste realidad nos dice que, a pesar de haber logrado la aprobación en el Congreso de estas medidas, el precio que recibe el productor agrario sigue en caída libre, mientras que los beneficios de los transformadores y distribuidores no cesan de crecer. En muchos de los productos agrarios, la diferencia entre precio en origen y precio en destino es ya del 1.000%, cosa que supone un agravio insostenible.

Por eso, ahora promovemos la arrancada con el fin que los productores de fruta dulce que quieran abandonar el cultivo, especialmente de melocotón, nectarina y manzana, reciban ayudas que se lo permitan, pero acompañadas de fomento del mantenimiento de las tierras de cultivo y de la transmisión a otros pequeños y medianos agricultores y agricultoras (con especial atención a jóvenes y mujeres labradoras). A la vez, la medida se concibe como una ayuda a la disminución de la saturación en el mercado de unas variedades que ya no se ajustan a la demanda del consumo y a reorientar las plantaciones hacia especies de mejor comercialización y adaptadas a los nuevos gustos de la ciudadanía.

No obstante, grandes escollos impiden aún la efectividad real de estas medidas. Por un lado, encontramos un Ministerio perpetuado en inercias poco democráticas: el bloqueo de la necesaria puesta en marcha de los mecanismos democráticos de elección de los representantes del campo es clara demostración de ello. Por otro lado, otra vieja reivindicación del sector, consistente en establecer un tope máximo en la posición de dominio del mercado de los productos alimentarios, es continuamente trabada por la pinza de PP y PSOE. De este modo, el oligopolio de distribución alimentaria controla el precio de los alimentos y acapara el beneficio de las ventas: cinco grandes grupos controlan la mitad del mercado de frutas y verduras, del mismo modo que cuatro tienen el 60% del mercado de la leche y cuatro también el 70% de las carnes. En este sentido, cabría atender la cuantificación de diversos expertos que fijan en un 8% la cuota máxima de mercado para acabar con los abusos de los oligopolios.

A todo esto se suma una política ultraliberal en comercio exterior, materializada con el apoyo a tratados que abren de par en par las puertas a los mercados interiores de productos que llegan de más allá de la Unión Europea, cultivados en unas condiciones (de trabajo, de salud, de producción, etc) que los hacen más competitivos en precio -no en calidad- a los de proximidad.
Para superarlo, hace falta una apuesta política clara en favor de los modelos que defienden la soberanía alimentaria: sistemas alimentarios locales, trazables, de base campesina y de producción de calidad, y que comercializan alimentos en tiendas de barrio, en mercados municipales y en cooperativas de consumo, de la mano de personas profesionales que conocen y estiman aquello que venden y a quienes lo venden.

Por desgracia, pero, el modelo neoliberal y, a la vez, clientelar del Gobierno del PP, sustentado por la muleta de Ciudadanos y el seguidismo del PSOE, hacen difícil avanzar hacia sistemas alternativos, alejados de la actual estructura de poder minoritaria y elitista.

No obstante, desde el Grupo Confederal no desfallecemos, y seguimos luchando para hacer realidad unos precios que dignifiquen el trabajo del campesinado, endulcen su labor y nos den futuro a todas las personas que estamos unidas por la fruta, ya seamos productoras o consumidoras.