La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destacó ayer que “este es un momento propicio para impulsar un gran acuerdo político por el futuro del agua”, un Pacto Nacional por el Agua en el que trabaja el Ejecutivo, para el que ya ha consolidado una propuesta inicial tras más de 120 encuentros con representantes de todos los ámbitos relacionados con el agua, y que se quiere alcanzar con el máximo consenso y participación.

“Los retos que plantea la gestión del agua en nuestro país, en el actual contexto de adaptación al cambio climático, demandan un Pacto que defina una política de Estado, integradora, consensuada, solidaria y con vocación de continuidad a largo plazo. Un Pacto que asegure el equilibrio entre la protección medioambiental del medio hídrico y la atención de las demandas en todo el territorio nacional y que, al mismo tiempo, refuerce la capacidad de nuestra sociedad para prevenir y mitigar a los impactos negativos del cambio climático”, ha detallado la ministra.

La ministra ha detallado la propuesta inicial de gran acuerdo del agua elaborada por su departamento tras un largo proceso participativo con unos 600 representantes en total de todos los ámbitos relacionados con el agua, desde administraciones hasta usuarios, pasando por organizaciones ecologistas y empresariales, colegios profesionales y universidades.  “Teniendo en cuanta la información obtenida como resultado de esta primera fase, y sin perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos marcan la línea de actuación, este Gobierno ha consolidado una propuesta inicial con cuatro grandes ejes de actuación”, ha apuntado García Tejerina.

CUATRO GRANDES EJES DE ACTUACIÓN

El primero se refiere al cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos de cuenca, para garantizar el cuidado del dominio público hidráulico y la conservación de nuestros ecosistemas hídricos, y asegurar así la disponibilidad de agua con calidad suficiente. Acometer actuaciones de saneamiento y depuración, mejorar la gestión de las aguas pluviales en el entorno urbano, impulsar los planes de gestión de las reservas naturales fluviales que garanticen su conservación, así como proteger las masas de agua asociadas a espacios naturales emblemáticos, como el Mar Menor, Doñana o el Delta del Ebro, son algunas de las líneas de acción contempladas en la propuesta.

El segundo es la atención de los déficits hídricos, garantizando la disponibilidad de agua para los distintos usos también en cantidad, desde una perspectiva integradora, de solidaridad y equilibrio territorial, y en el que las infraestructuras resultan imprescindibles para conseguir este objetivo, además de impulsar el uso de recursos no convencionales y seguir promoviendo el uso eficiente del agua.

El tercero de los ejes se centra en la puesta en marcha de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, con la finalidad última de proteger a las personas, los bienes y el propio medio ambiente ante el riesgo de inundaciones de la manera más eficaz y eficiente posible.

El cuarto y último lo constituye la mejora de la gobernanza del agua, como eje fundamental para seguir optimizando la gestión de este recurso en España, incentivando el ahorro, la eficiencia y la transparencia.

La ministra ha remarcado que el Gobierno afronta dar solución a estos retos en materia hídrica “con diálogo, voluntad de acuerdo y planificación rigurosa, con experiencia y vocación de servicio”, y ha garantizado que “trabajaremos intensamente para alcanzar este acuerdo ambicioso que asegure una política del agua estable, que dé respuesta a todos ellos y que se materialice en un gran Pacto por el Agua que sea fiel reflejo del interés general de nuestro país”.

LA “SÓLIDA BASE” DE LOS SEIS AÑOS ANTERIORES

García Tejerina ha subrayado también “la sólida base” que ha supuesto el trabajo en materia de agua llevada a cabo por el Gobierno en los últimos seis años, donde se han “sentado las bases de una política de agua sólida e integradora, dirigida a proteger nuestras aguas y nuestros ríos, a atender las demandas presentes y futuras, y a favorecer el desarrollo socioeconómico del territorio”. Así, ha detallado los avances de esta “política de mejora continua de la gestión del agua”.

En primer lugar, ha fijado como “la herramienta fundamental para definir esa política” en “el rigor y la planificación”, y ha recordado la elaboración y aprobación de los planes hidrológicos de competencia estatal correspondientes a dos ciclos de planificación (2009-2015 y 2016-2021) en una sola legislatura, poniendo al día el cumplimiento de los compromisos de nuestro país con la Comisión Europea e incorporando la variable del cambio climático por primera vez en los planes.

Además, ha resaltado la aprobación de los primeros Planes de Gestión del Riego de Inundación (2016), el proceso en marcha para actualizar los Planes Especiales de Sequía para tenerlos listos antes de que finalice este año, y el impulso a las actuaciones en materia de saneamiento y depuración de aguas (con el Plan CRECE que garantiza inversiones de cerca de 1.200 millones de euros hasta 2020 para apoyar a las administraciones autonómicas y locales en la mejora de sus sistemas de depuración y saneamiento), entre otras medidas y actuaciones del Ministerio en los últimos años.

RETOS DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL

La ministra, en su intervención, también se ha referido a los retos del agua a nivel mundial, a su escasez y a la incidencia, además, del cambio climático. Estos retos, a su juicio, se resumen en uno: la urgencia de encontrar un equilibrio sostenible entre la garantía de acceso al agua y su conservación, con visión de futuro.

Esta idea comenzó a afianzarse en 2010 con el reconocimiento explícito del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se materializó de manera definitiva con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, para cuya consecución el agua tiene un papel fundamental.

En este contexto, el Gobierno español ha planteado la necesidad y conveniencia de fomentar la colaboración internacional, como medida para provocar sinergias positivas y desarrollar acciones coordinadas para afrontar la situación. Así, el Ejecutivo ha incluido el agua en la acción exterior de nuestro país, con la finalidad de poner a disposición de los demás nuestra experiencia en la gestión del agua y nuestro modelo de gobernanza.