La organización agraria ASAJA de León le pidió ayer al Partido Popular que apoye una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE en la Cortes de Castilla y León para desarrollar el Artículo 98 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León fijando distancias entre las plantaciones forestales y las fincas agrícolas. La organización agraria, que viene sosteniendo esta reivindicación desde hace décadas, y que presentó en su día alegaciones cuando la Ley de Montes estaba en fase de proyecto de ley, considera que ahora se puede dar un consenso entre fuerzas políticas mayoritarias y organizaciones agrarias para desarrollar un artículo de la Ley que en todo caso llegará con diez años de retraso.

El problema de la falta de legislación clara para regular las distancias entre plantaciones forestales y cultivos tiene especial relevancia en la provincia de León por la implantación del cultivo del chopo y por el elevado minifundismo, afectando sobre todo a las zonas de ribera (Órbigo, Porma, Esla,…) y a la comarca del Bierzo.

ASAJA respeta la propiedad privada y por ello el derecho del propietario de las tierras a decidir sobre el destino de las mismas, pero siempre que ese derecho no perjudique a un tercero. Las plantaciones de chopos, debido al porte de estos árboles en los últimos años de su ciclo, ocasionan enormes perjuicios en las fincas agrícolas colindantes tanto por la sombra que proyectan como por lo que esquilman sus raíces el terreno.

La Ley de Montes, donde tuvieron más protagonismo y capacidad de influencia los forestales que los agrónomos, indica que “las ordenanzas reguladoras de plantaciones con especies forestales y cultivos no podrán imponer distancias mínimas de plantaciones superiores a una cifra que estará comprendida entre seis y doce metros, según se determine reglamentariamente en función de las orientaciones y los cultivos”.

Parece conveniente que las Cortes de Castilla y León insten a las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería a solucionar este problema y cumplir con una obligación que ya fijó en su día el legislador.