El Consell de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), órgano consultivo del Govern de la Generalitat, propone en su dictamen no incluir los usos ganaderos del agua en el Anteproyecto de ley en materia de Aigües de Cataluña y que continúe contando con un coeficiente 0.

Organizaciones como Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Federación Catalana de Cooperativas Agroalimentarias  (FCAC), entre otras, se han opuesto al gravamen económico de la Agencia Catalana de Agua que el Gobierno quiere imponer a las explotaciones ganaderas de una forma gradual. La modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2003, del 4 de noviembre, en relación con los tributos que recaen sobre el ciclo del agua prevé que afecte en una primera fase en un coeficiente 0,2, en la segunda un 0,4 para acabar con una afección de un 0,5.

El CTESC, formado por sindicatos, patronales, economía social, sectores agroganadero y pesquero y expertos ha recogido esta opinión,  considerando oportuno mantener el actual redactado del Decreto Legislativo 3/2003 en su artículo 71.3

JARC ha argumentado que este impuesto no está justificado porque la mayoría de las explotaciones ganaderas se abastecen de fuentes propias, por lo tanto, las inversiones para disponer de agua las han realizado los mismos ganaderos o se han financiado con otros recursos cuando se trata de infraestructuras de regadío.

JARC puntualiza, que no todas las explotaciones reciben el conjunto de estos servicios, y en ningún caso, la tasa puede ser superior al coste del servicio. La entidad pone de relieve que, por otro lado las explotaciones han realizado inversiones y esfuerzos para reducir muy considerablemente la gestión del agua y las deyecciones asumiendo un coste económico considerable.

Respecto al saneamiento, hay que recordar que las explotaciones ganaderas no abocan aguas residuales en la red de alcantarillado ni al cauce, sino que son gestionadas conjuntamente con las deyecciones ganaderas. Actualmente todos los parámetros que tiene que gestionar estas explotaciones se encuentran fiscalizados y regulados por diferentes normativas, y sujetas a diferentes gravámenes. Según JARC, una fiscalidad excesiva sería contraria a las políticas para favorecer la población a los entornos rurales.