Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos mantuvo el miércoles una densa reunión con el Ministro de Agricultura, Luís Planas, durante la que se abordó la crítica situación que la organización lleva denunciando desde hace tiempo y que ha desembocado en movilizaciones. Conseguir, mediante precios remuneradores y un mejor reparto de las ayudas, que las rentas de los agricultores y ganaderos profesionales se equiparen a las del resto de sectores económicos, ha estado en el centro de las propuestas presentadas por la organización.

Unión de Uniones comparte con el Ministerio la importancia de mantener el cheque financiero de la PAC para España, objetivo que se antoja difícil. Por ello la organización matiza que “tan importante o más que conseguir los mismos recursos, es repartirlos mejor”. La organización ha reclamado a Planas que en la futura PAC los apoyos vayan a los agricultores y ganaderos que viven fundamentalmente del trabajo en su explotación, que “son quienes más empleo y riqueza crean” y los que, por su vinculación al sector y el medio, están más implicados en preservar el entorno y el medio rural. Por eso la organización reclama que, en el Plan Estratégico de la PAC en el que trabaja el MAPA, se defina al agricultor genuino como aquel que percibe más del 25% de sus rentas de la actividad agraria, exceptuando de esta condición a los que perciben menos de 1.250 euros anuales de ayudas para no excluir a determinados colectivos sociales del medio rural.

Sin embargo, señala la organización, también hay que reforzar el paquete financiero del Estado español. Desde 2009 hasta ahora, el presupuesto operativo del Ministerio de Agricultura, que se nutre en un 80% de los fondos de Bruselas, se ha reducido en un 25%, pero sobre todo debido al recorte del 56,5% de la aportación del Estado, que ha pasado de 4.040 millones de euros hace 10 años, a unos 1.760 en la actualidad. Para la organización, el próximo presupuesto de agricultura y su ejecución serán la piedra de toque que “nos dirán si este Gobierno tiene de verdad voluntad de cambiar cosas”. En este sentido, Planas ha avanzado el aumento de la partida para la contratación de seguros agrarios, cuestión que la organización ha valorado “porque se atiende a las necesidades reales de estos años de atrás” y porque hace falta desde el Gobierno, tras unos ejercicios de muy alta siniestralidad, un mensaje claro de apoyo al Sistema y de que no se cuestiona su viabilidad.

La organización ha acogido con expectación el anuncio de la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, que en todo caso tendrá que adaptarse a la directiva de prácticas desleales antes del próximo 1 de mayo de 2021 y empezar a aplicarse a partir del 1 de noviembre siguiente. “No está la cosa para agotar plazos”, dicen los representantes de Unión de Uniones, que insisten en que es urgente reforzar la posición de los productores en la cadena y tener los instrumentos legales adecuados que permitan sancionar ejemplarmente las prácticas abusivas “para que veamos justamente compensado el trabajo en nuestras explotaciones”.

El Ministro Planas ha anticipado también su intención de revisar el actual esquema de medición de la representatividad de las organizaciones para que refleje de manera más fiel el paisaje real en el campo. Unión de Uniones ha insistido que estudiará las alternativas que el Ministerio plantee, pero que “no hay nada mejor, ni más democrático que dejar que los agricultores y ganaderos voten y esa va seguir siendo nuestra reivindicación permanente en este asunto”.

Unión de Uniones, que ha estado denunciado de manera constante estos años los problemas de los profesionales del campo y presentando al Ministerio y a las instituciones comunitarias, nacionales y autonómicas sus propuestas de solución, valora la oportunidad de trasladarlas personalmente al Ministro de Agricultura Planas, con lo hiciera en anteriores Gobiernos, con anteriores Ministros.

No obstante, como siempre “ponemos el fiel en los hechos y en los resultados” y mantiene las movilizaciones previstas para estos días en Comunidad Valencia y Extremadura, así como en Cataluña en demanda de soluciones a la crisis del sector de fruta dulce. La organización va a mantener el pulso reivindicativo si no encuentra respuestas reales por parte del Ministerio “y en especial, sobre el tema del agricultor genuino, que para nosotros es casus belli”.