ASAJA Castilla-La Mancha ha criticado duramente que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y a continuación, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, pretendan confundir a la sociedad asegurando que las ayudas a los ayuntamientos para la contratación de trabajadores vayan a favorecer “el mantenimiento de la actividad agraria, básica para mantener el abastecimiento, especialmente, durante la crisis sanitaria del Covid-19”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinará a Castilla-La Mancha 10M€ del Programa de Fomento del Empleo Agrario a programas de contratación municipal para trabajadores del campo. Estos programas, según asegura la organización agraria, llevan más de 15 años funcionando, por lo que ha reprobado que sea una medida para paliar los daños de la pandemia y ha lamentado que no hayan consultado a las organizaciones agrarias si, en las circunstancias actuales, era el momento para ponerla en marcha.

Además, en Castilla-La Mancha estos planes de empleo perjudican seriamente los problemas de falta de mano de obra, ya que, aunque todos los años ASAJA CLM pide encarecidamente que no se solapen con las campañas agrícolas, políticos y ayuntamientos no respetan la solicitud y coinciden con la vendimia u otras grandes campañas de la región.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hizo referencia ayer en rueda de prensa a la falta de mano de obra que sufre el campo español, tal y como señalan los representantes de los agricultores. En este sentido, la organización agraria ha señalado que estos fondos podrían haberse dedicado a otras partidas presupuestarias más necesarias en la actualidad.

Así pues, ASAJA CLM ha pedido responsabilidad a los alcaldes de los municipios en estos momentos para que no se acojan a dichas ayudas, ya que agravarían la situación de los agricultores y ganaderos, que son los que realmente fijan población en el mundo rural y quienes contribuyen, pagando sus impuestos, en estas zonas tan abandonadas por la administración.

Por último, la organización agraria ha recordado que, mientras el sector agrario y ganadero, inmerso con anterioridad en una crisis de rentabilidad, ha demostrado ser solidario con la sociedad, el Gobierno central y regional vuelve a dar la espalda y a ser injusto y perjudicial con un sector estratégico y esencial.