ACES, ACOR, AECOC, AFLE, AGFAE, ANFABRA, ANGED, ASAJA, ASEDAS, ASOCIACION NACIONAL DE COLEGIOS AGRONOMOS, ASOZUMOS, AZUCARERA, COAG, CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS AGRONOMOS, COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS, FENIL, FEPEX, FIAB, FENIL, HOSTELERÍA DE ESPAÑA, MARCAS DE RESTAURACIÓN, PRODULCE, PROMARCA, UPA, UGT FICA, THADERCONSUMO, representantes de las comisiones de Despoblación y Reto Demográfico, Desarrollo Rural y Consumo y Comercio de FEMP, así como las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia han sido los firmantes.

Con este Manifiesto, las entidades adheridas quieren sensibilizar al Ejecutivo sobre el perjuicio que produce a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria la puesta en marcha de medidas impositivas en el sector, como es el anuncio de la subida del IVA al 21% sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas y que está contemplado en los Presupuestos de 2021. El sector y todos los agentes vinculados inciden en que no es el momento de desarrollar una política fiscal que hostigue la actividad económica, dada la situación de crisis por la que atraviesa la economía española a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Además, recuerdan que los alimentos y bebidas son un sector esencial y que ha sido destacado por el propio Gobierno como pilar fundamental para el proceso de recuperación económica, dada su capacidad para generar riqueza y empleo a lo largo de todo el territorio. Concretamente, es destacable el peso del sector y su contribución al empleo y al desarrollo y a la fijación de población en el entorno rural.

En opinión de las entidades firmantes, estas medidas fiscales muestran un efecto recaudatorio y afectan en mayor medida a las rentas más bajas. Además, está demostrado que su eficacia sobre el objetivo que persigue, y que es prevenir la obesidad y el sobrepeso, no solo es limitada, sino que carece de efecto en la modificación de hábitos de consumo.

A raíz de la Campaña contra el azúcar impulsada por el Ministerio de Consumo, el Manifiesto también muestra un rechazo a esta iniciativa cuyos mensajes carecen de rigurosidad científica, confunden a la población, generan alarma y miedo entre los consumidores.

Lejos de la demonización de ingredientes o productos, que cumplen rigurosamente con la legislación nacional y comunitaria, los firmantes muestran la voluntad de trabajar conjuntamente con las administraciones para impulsar el consumo responsable de azúcar -siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud-, la dieta variada y equilibrada y la práctica de actividad física de manera regular, para que España siga siendo uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo.

Las organizaciones firmantes han mantenido encuentros con diversos grupos políticos para trasladar los mensajes de este Manifiesto y, de esta manera, evidenciar la suma de apoyos, informar sobre el impacto de estas medidas, desde el campo a la mesa, e impulsar la construcción de un entorno fiscal que ofrezca facilidades para promover la actividad económica y la creación de empleo vinculada al sector de alimentación y bebidas.