Hoy publica el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León,  en el Boletín Oficial de la Provincia de León,  la información pública  relativa a la “autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental, para cuatro nuevos macroproyectos de energía eléctrica fotovoltaica y sus instalaciones de evacuación”. Se trata de cuatro proyectos promovidos por otras tantas sociedades limitadas con el mismo domicilio social en la ciudad de Sevilla, que pretenden ocupar con placas fotovoltaicas 736 hectáreas de cultivo, la mayoría de titularidad de las juntas vecinales, en los municipios de Benavides de  Órbigo, Villares de Órbigo, Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo y Villamejil.

Según la información que ha ido acumulando ASAJA, con estos nuevos proyectos son ya 47 los presentados en la provincia de León con estas características, sumando un total de 7.148 hectáreas de cultivo, 3,3 millones de kw de potencia instalada, y una inversión anunciada de 1.700 millones de euros. Si estos proyectos saliesen todos adelante, generarían rentas anuales a las juntas vecinales, por el alquiler de las tierras,  de unos 6 millones de euros.

ASAJA reitera su rotundo rechazo a estos proyectos que expulsan a los agricultores y ganaderos locales  de las fincas de cultivo y pastos que  vienen aprovechando durante toda su vida laboral, y que además se hace sin indemnización alguna ni ofrecer otra alternativa de vida.  A la ocupación de las tierras de cultivo se suma el daño que ocasiona la red de evacuación de la energía, que en ocasiones se transporta decenas de kilómetros atravesando fincas incluso de regadío y ocasionando así perjuicios importantes por la colocación de los postes de fijación y por la servidumbre del vuelo de los tendidos.

ASAJA, que sigue presentando alegaciones a todos los proyectos que ven la luz, lamenta que tanto las autoridades locales –juntas vecinales y ayuntamientos- como la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, estén “poniendo alfombra roja” a las empresas y grandes capitales que promueven estos macroparques fotovoltaicos, despreciando las quejas y problemas de los agricultores y ganaderos y de los vecinos de los pueblos afectados.