Unión de Uniones considera que las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria tienen un débil efecto desincentivador teniendo en cuenta que su importe no es elevado y que las de mayor cuantía están pendientes de pago por haberse recurrido.

Unión de Uniones ha tenido acceso a los datos relativos a las sanciones impuestas y pagadas por incumplimientos de la Ley 12/2013 de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria que indican que los operadores sancionados con multas más elevadas acaban recurriendo las mismas en vía administrativa y judicial, quedando los pagos pendientes de las oportunas resoluciones.

Esto implica que del importe de 11.858.185 euros que suponen las 2.474 sanciones propuestas por AICA e impuestas por el MAPA desde que la AICA lleva funcionando hasta el 31 de diciembre de 2020, sólo se ha hecho efectivo, con datos a este mes de noviembre, el 32,4%, concretamente 3.847.105 millones de euros. No obstante, ello afectaría al 87,0% del número de multas. Se deduce, por lo tanto, que la inmensa mayoría de las sanciones pagadas son de pequeña cuantía, con una media de 1.789 euros.

Por el contrario, habría 252 infracciones recurridas en vía administrativa o judicial que no tendrían carácter de firmes y que, por lo tanto, aún no habrían sido pagadas. Estas infracciones suman un total de 7.757.636 millones de euros. Igualmente, existirían otras 70 sanciones, por un importe de 253.443 euros, que tampoco habrían sido abonadas aún, sin especificación del motivo de ello.

En conjunto, por lo tanto, un 68% del montante de multas desde que AICA empezó a trabajar hasta finales de 2020, no habrían sido aún pagadas.

La organización no cuestiona el derecho de cualquier ciudadano o entidad a recurrir los actos administrativos que entienda que le perjudican “pero aquí lo que está claro es que los grandes operadores, con buenos equipos legales, utilizan todas sus herramientas para retrasar o esquivar las multas y solo pagan los infractores de menor cuantía”, apunta desde Unión de Uniones

La organización considera que estos datos indican que el régimen sancionador de la Ley de la Cadena Alimentaria tiene un débil efecto desincentivador para que quienes incumplen la Ley no sientan de nuevo tentación de hacerlo. A ello se une el pequeño importe de las multas que se imponen en comparación con la importancia de algunos operadores.

Así, según la memoria de AICA, el importe medio de las sanciones a la distribución minorista está en los 23.050 euros; a la distribución mayorista en 1.760 euros y a la industria alimentaria en 2.093 euros. “Estos importes medios dan una idea de lo barato que está saliendo incumplir la Ley” indica desde Unión de Uniones, que añaden que “estaremos vigilantes a que la reforma aprobada suponga realmente que la multa no acaba siendo inferior al beneficio que proporciona el incumplimiento”.