Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Los puntos más destacados de las nuevas normas son:

• Se prohíbe la destrucción de valor. De esta forma, cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos.

• Es obligatorio formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros en la actualidad) y las operaciones con pago al contado. En la primera venta de productos del sector pesquero y acuícola, realizadas en lonjas o mediante subasta a la baja, se dará por válida la sustitución del contrato por la factura y la documentación prevista en la normativa pesquera.

• Como nuevos elementos del contrato se incorpora la indicación de las categorías y referencias contratadas, la referente a la determinación del precio del contrato o a la indicación del mecanismo de resolución de conflictos. Además, serán nulas las cláusulas de los contratos que incumplan lo dispuesto por la ley respecto a la determinación del precio.

• No se pactarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, ni perjudiquen la percepción de la calidad o valor de los productos agrarios o alimentarios.

• Aumenta el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. En particular, se prohíbe la venta desleal a los consumidores, que se considerará como “venta a pérdidas”, de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición.

• Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.

• La Ley de la Cadena se aplicará al conjunto de actividades que lleven a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de los productos agrarios. Como novedad, se incluye a las empresas de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a diez millones de euros y las empresas en actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50 millones.

• Se incluye un mayor número de productos agrarios no alimentarios, como los productos de lino en bruto, corcho natural, cáñamo, tabaco en rama plantas vivas y productos de floricultura, cubiertos por la Ley.

• El Ministerio de Agricultura creará un registro digital de contratos alimentarios.

• El Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliará sus funciones mediante la elaboración de informes sobre formación de precios, la actualización de índices de éstos y costes de producción de alimentos, y el impulso de estudios sobre innovación en el sector agroalimentario.

ENBA exige al Gobierno Central que deje de ser un mero espectador y pase a ser un actor protagonista

La organización agraria ENBA considera imprescindible que el Gobierno Central abandone el pasotismo hasta ahora mostrado, deje de ser un mero espectador de la guerra que se desarrolla en el seno de la Cadena Alimentaria y asuma un papel proactivo para reequilibrar la cadena, acabar con los abusos de poder que se dan en su seno y para ello es necesario que se fijen, cuanto antes, las referencias para los costes de producción y de venta al público siguiendo la estela del estado francés. También demanda que la AICA actúe de motu propio ante los flagrantes casos de venta a pérdidas que se dan diariamente en los puntos de venta.

Finalmente, desde ENBA, esperan que además de una pronta aprobación de los refentes de costes para el conjunto del Estado, creemos que deben impulsarse los referentes de costes autonómicos o menores para que las referencias sean lo más ajustadas a la realidad productiva.