La fiscalidad sobre la energía actualmente vigente en la UE no cumple con los objetivos de que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Aunque las subvenciones a las energías renovables fueron casi cuatro veces mayores en el período 2008‑2019, las destinadas a los combustibles fósiles se han mantenido relativamente constantes en el último decenio

En la Directiva vigente sobre fiscalidad de la energía, las fuentes de energía más contaminantes pueden tener una ventaja fiscal con respecto a las fuentes eficientes en carbono: por ejemplo, el carbón tributa menos que el gas natural, y el gravamen de algunos combustibles fósiles es muy inferior al de la electricidad. Asimismo, mientras que una mayoría de Estados miembros aplican elevados impuestos a los carburantes, otros los mantienen cerca del nivel mínimo establecido por la Directiva, lo que puede distorsionar el mercado interior. Unos niveles bajos de precios del carbono y de impuestos sobre combustibles fósiles elevan el coste relativo de las tecnologías más ecológicas y demoran la transición energética.

Los auditores observan que algunas subvenciones a la energía pueden emplearse para la transición a una economía menos intensiva en carbono, pero las subvenciones a los combustibles fósiles lastran la eficiencia de esta transición energética. En general, las subvenciones de los Estados miembros a los combustibles fósiles ascienden a más de 55.000 millones de euros al año, y quince Estados miembros gastan más en las subvenciones a combustibles fósiles que en las destinadas a energías renovables.

La Comisión Europea tiene previsto adaptar el régimen fiscal de la energía a los objetivos climáticos. Para ello, en julio de 2021 publicó una propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía como parte del paquete legislativo «Objetivo 55», un conjunto de propuestas para dirigir la UE hacia una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.

La propuesta sigue permitiendo a los Estados miembros reducir los tipos impositivos sobre la energía para algunos sectores por motivos medioambientales y relativos a la eficiencia y la pobreza energéticas. El paquete contiene también una propuesta para ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo, e introduce un sistema independiente de comercio de emisiones para el transporte terrestre y los edificios.