En el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del próximo lunes se va a debatir la propuesta de reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que establece la obligación de reducir el uso y el impacto de estos productos a nivel europeo en un 50 % antes del año 2030. Esta propuesta se discutió ayer en la Conferencia de Asuntos Comunitarios, que reúne al Ministro de Agricultura, Luis Planas, con las CCAA.

El ministro Planas considera que la propuesta es muy compleja y demasiado prescriptiva, lo que se traducirá en cargas administrativas muy elevadas, tanto para los agricultores como para las autoridades competentes, por lo que será necesario un importante ejercicio de simplificación a lo largo del proceso de discusión.

También entiende que el uso sostenible de los productos fitosanitarios es una necesidad, pero también lo es el abastecimiento de los consumidores. Ha abogado por compatibilizar esa sostenibilidad con la necesaria rentabilidad de las explotaciones. Ha incidido: “Hay que ajustar todos los elementos para conseguir una sostenibilidad que sea rentable”.

Por su parte, la consejera andaluza de agricultura, Carmen Crespo, ha dejado claro que no considera que sea el momento, en pleno conflicto en Ucrania y con una subida importante de los costes de producción, de limitarlos aún más. En su opinión, esta iniciativa solo va a suponer “mayores pérdidas para el sector”. Al respecto, considera “necesario un estudio de impacto de la propuesta de reglamento y de aplicación de los objetivos que se establezcan para España, de forma que cualquier objetivo sea alcanzable y realista”.

Crespo ha lamentado que el nuevo reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios “tiene un enfoque de talla única y no tiene en cuenta las diferencias climáticas y agronómicas de los distintos estados miembros ni las necesidades de su uso en los diversos cultivos”. La consejera ha anunciado que va a solicitar que se considere un período de transición para la puesta en marcha de estas medidas restrictivas.