La inmensa mayoría de los montes que arden en España es consecuencia de la desaparición de la ganadería extensiva de los mismos. La eliminación del ganado de los montes y de los ganaderos de extensivo, favorecida por la administración pública, ha provocado que la biomasa vegetal que se produce anualmente en forma de pastos y ramones y que no es consumida por el ganado se transforme en materia combustible para alimentar al fuego. Es así de simple, o se alimenta al ganado o se alimenta al fuego. Si es el ganado el que lo consume, mediante una buena gestión preventiva, tendremos los montes limpios, si no es así, los pastos se transformarán en biomasa combustible para terminar ardiendo en forma de grandes incendios, y habrá que apagarlos con un alto coste de medios materiales y, lo que es peor, con graves riesgos para las vidas de las personas que tienen que apagarlos o sufrirlos en sus propias casas.

La gestión de los montes y del campo, para que sea rentable, igual que ocurre en los demás países miembros, depende básicamente de las Ayudas a la Renta que nos llegan desde Bruselas a través de la PAC (Pago Básico), y sirve para que todos los productores europeos (agricultores y ganaderos) tengan una red de seguridad económica para compensarles de los bienes públicos que producen (conservación medioambiental) y que, sin embargo, no paga el mercado. Con este fin, lo ha creado la Unión Europea, aunque le ha dado flexibilidad a los estados miembros para que lo apliquen de la forma que vean más conveniente. Esa flexibilidad es de la que ha hecho uso España para crear 50 regiones ficticias cuando el resto de los países miembros solamente tienen 1 o 2 regiones.

Un buen uso de este dinero sirve para que los agricultores puedan cultivar adecuadamente la tierra, y los ganaderos manejar el ganado en los montes de una forma correcta para evitar el fuego, en base a unas buenas prácticas agrarias, respetando el medio ambiente, el bienestar de los animales y la salud de los consumidores.

Ahora bien, hay que dejar claro que la interpretación de cómo hay que hacer adecuadamente las prácticas agrarias y la forma en que se reparten esas Ayudas a la Renta de la PAC entre los productores depende de cómo lo haga cada país. Por ejemplo, España no reparte las Ayudas a la Renta que llegan desde Bruselas entre los agricultores y ganaderos con el mismo criterio que lo hacen los demás países miembros, ya que ellos hacen un reparto más justo y homogéneo entre todos los productores (agricultores y ganaderos) concediéndoles en igualdad de condiciones la misma Ayuda Básica por hectárea (1-3 Regiones), tanto para el terreno dedicado al cultivo como para el terreno dedicado a pastos (montes). Sin embargo España hace un reparto menos justo y mucho más heterogéneo entre sus agricultores y los ganaderos de extensivo, concediéndoles una Ayuda Básica por hectárea muy distinta y variada (50 Regiones) en la que las hectáreas de pastos dedicadas al ganado siempre son las más marginales y las que menos ayuda reciben. Hasta tal punto es así, que un ganadero de extensivo recibe de media por hectárea 3 veces menos que lo que recibe de media un agricultor, llegando a ser en el caso extremo hasta 22 veces inferior a la que reciben algunos agricultores. Este injusto y mísero reparto arrastrado durante 4 décadas ha provocado que los ganaderos de extensivo y el ganado hayan desaparecido de los montes y del campo, abandonando con ello hasta el 70% de los pastos existentes en España (más de 10 millones de hectáreas); que al ser abandonadas se han matorralizado (llenado de maleza) y son los que ahora están ardiendo. Porque un monte abandonado, sin ganado (que consuma la hierba y ramonee) ni ganaderos que lo cuiden, termina cerrándose de vegetación, se hace intransitable y se llena año tras año de vegetación cuyo destino final es el fuego.

Este error que España está cometiendo durante 40 años y que va a continuar cometiendo con la nueva PAC (ya acordada) hasta como mínimo el año 2030 nos va a asegurar la aparición de incendios cada vez más grandes (mayor cantidad de materia combustible), más peligrosos (por la intensidad y la velocidad de las llamas), inabordables por los Servicios de Lucha Contra el Fuego (debido a lo abrupto de muchas zonas del monte a las que no pueden entrar) y especialmente desastrosos (para la contaminación y destrucción del medio ambiente y el futuro de las vidas de los escasos habitantes que aún quedan aislados en los pequeños núcleos de población existentes, carentes de todo tipo de servicios básicos).

En este contexto de mala gestión que de los pastos está haciendo España, no debemos olvidar que somos el país más montañoso de la Unión Europea y el que mayor cantidad de pastos permanentes tiene (18,9 millones de hectáreas según el SIGPAC). La realidad es así hasta el punto de que en España solo el 35% de nuestro territorio son tierras dedicadas al cultivo (17,5 millones de hectáreas), mientras que el 65% de toda la superficie nacional (35,5 millones de hectáreas) no sirve para ser cultivada, pero en su mayor parte sí sirve para ser pastoreable, como siempre ha ocurrido a lo largo de los siglos con el ganado español.

Estos datos, absolutamente descriptivos de la realidad del campo español, hacen que nos podamos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que un país histórica y geográficamente dedicado a la ganadería extensiva la haya abandonado en las últimas décadas?

Pues sí, ha ocurrido así, de una forma incomprensible ha ido cambiando progresivamente la tendencia hacia el abandono de los montes (desaparición de la ganadería extensiva), y ha ido modificando los conceptos y el nombre de los profesionales dedicados a la ganadería. Hoy se les llama ganaderos a quienes son granjeros que trabajan en naves prefabricadas como empleados de la industria cárnica, que son los que curiosamente pueden llegar a recibir subvenciones sin gestionar el campo y los montes, y se les llama pastores a los profesionales que trabajan todos los días del año en el campo, a la intemperie, sin compensarles en justicia sus esfuerzos con las Ayudas de la PAC (Pagos Directos) que llegan desde Bruselas para evitar que abandonen su ganado y los montes. Porque la PAC deja fuera de las Ayudas Directas a más de 10 millones de hectáreas de pastos y, lo que es peor, a los auténticos ganaderos que pastorean el campo con su ganado todo el año, limpiando el monte para que no haya fuego.

Este hecho tendría que hacer que cualquier dirigente político se volcase inmediatamente en medidas que fortalezcan el sector de la ganadería extensiva, pero la peor de las realidades es que seguimos castigando a un sector que lleva demasiados años en una profunda crisis estructural. Un ganadero de extensivo recibe en España un pago básico de 60 euros/hectárea admisible, mientras que, por ejemplo, en Italia reciben 229 euros/hectárea admisible y en Grecia llegan hasta los 258 euros/hectárea admisible. La ganadería extensiva sigue siendo discriminada en la política agraria común. Con estas condiciones es imposible que se produzca el relevo generacional.

El presupuesto para la extinción de incendios es cada vez mayor. A la administración pública, a todos, cuesta 10.000 € apagar el fuego de una hectárea de terreno. Los gases contaminantes (CO₂eq) que se generan al arder una hectárea cuestan a la Unión Europea 4.000 €. El valor socio-ambiental (paisaje, biodiversidad, etc.) de una hectárea que arde, es,…, incalculable.

En cambio, se pierden 250 euros por hectárea y año de los pastos no aprovechado por el ganado extensivo. Eliminar el riesgo de que esa misma hectárea arda siendo aprovechada por el ganado, costaría 150 euros por año. Junto a ello, los trabajos de silvicultura que eliminan biomasa en las parcelas de monocultivo forestal son imprescindibles.

La evidencia social, económica y ambiental es aplastante. La mejor manera de prevenir incendios forestales es defendiendo la ganadería extensiva