La organización agraria catalana Unió de Pagesos ha interpuesto un recurso contra la aprobación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( UE) por las ilegalidades que contiene y que lesionan el campesinado, como la regulación de la figura de agricultor activo, con exenciones no permitidas en la legislación europea, y exigencias adicionales en fertilización que conllevan reducciones en las ayudas. El recurso se ha interpuesto contra la Decisión ejecutiva de la Comisión Europea (CE) de 31 de agosto de 2022 por la que se aprueba el plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España para la ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrario de Garantía y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.

La nueva PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, está configurada en base a planes estratégicos elaborados por cada estado miembro y aprobados por la Comisión Europea. Este hecho comporta tener que litigar directamente contra la decisión de la CE ante el Tribunal de Justicia de la UE, puesto que esta jurisdicción es la que trata sobre los aspectos contrarios a los tratados de la Unión Europea ya los reglamentos de la nueva PAC.

Según la Unió de Pagesos, la Comisión Europea aprobó elementos discriminatorios y contrarios a los tratados de la Unión Europea a propuesta del Estado español en relación con las exenciones en el cumplimiento de la figura del agricultor activo (requisito para ser beneficiario de las ayudas directas de la PAC) para grupos de personas físicas, grupos de personas jurídicas y para algunas personas jurídicas, lo que comportará un impacto económico negativo para todo el campesinado profesional catalán y español, ya que dejarán acceder a las ayudas directas a agricultores que no cumplen el requisito que la actividad agraria les sea significativa.

La Comisión Europea también aprobó de forma ilegal la propuesta del Estado español de establecer como norma complementaria nacional a las normas de condicionalidad de la PAC la fertilización sostenible, puesto que el Reglamento (UE) 2021/2115 limita este tipos de normas complementarias para que no sean un objetivo principal en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), señala UP. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE decidieron, al acordar el citado Reglamento, eliminar la propuesta de la CE de establecer el objetivo principal de la herramienta de sostenibilidad agraria de nutrientes entre las BCAM. Este hecho supone otra discriminación del campesinado profesional catalán y estatal al poder ser sancionado en las ayudas directas de la PAC.