El BOE de 29 de diciembre publicó el Real Decreto 1045/2022 sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común, en este Real Decreto se establecen las regiones homogéneas de producción que determinan  los importes de las ayudas de la Pac que van a recibir agricultores y ganaderos del estado Español.

En el mismo se determina que las tierras agrarias extremeñas se encuadran en los últimos lugares  (excepto la zona productora de tabaco) y por lo tanto los agricultores extremeños son los que van a recibir los importes de ayudas más bajos de toda España, denuncian desde La Unión de Extremadura.

Las 377.000 ha de cultivo de secano están situadas en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado. Toda la superficie de cultivo permanente extremeño (olivar, viñedo, frutal etc.) se ubica en la última región de producción donde realmente hay cultivos permanentes y la superficie de pasto en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado.

La Unión presentó alegaciones al borrador de Real Decreto en el que exigíamos que tal como establece el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, que las regiones de producción se agruparan dependiendo de condiciones socioeconómicas y agronómicas similares, de tal manera que un olivar extremeño que sea similar a un olivar andaluz estén ubicados en la misma región y perciban por lo tanto las mismas ayudas por hectárea, exactamente igual en cereales de secado o pastos.

El Ministerio de Agricultura, con la aquiescencia de la Junta de Extremadura, ha realizado un reparto político en vez de agronómico en el que la mayor parte de los agricultores extremeños han sido discriminados, denuncia La Unión.

La organización calcula, que por estas discriminaciones, en la región se han perdido alrededor de los 14 millones de € en tierras de cultivo de secano, 50 millones de € en cultivos permanentes y más de 77 millones de € en superficies de pastos permanentes.

         Por este motivo, La Unión va a presentar en el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso un Recurso Contenciosos Administrativo en el que vamos a exigir que se respete la normativa Comunitaria y que se establezcan las regiones de producción en base a criterios técnicos y no políticos.