Las titularidades compartidas de las explotaciones agrarias han sido promovidas por una Ley e impulsada por todas las políticas agrarias, sin embargo, hay casuísticas que la torpedean. ASAJA Castilla y León pide al Ministerio de Agricultura una revisión de la normativa agraria que frena las titularidades compartidas.

Uno de los casos es la exclusión de algunas entidades locales de participación de pastos a solicitantes que son figuras asociativas sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, ciertas sociedades civiles, y las titularidades compartidas de explotaciones agrarias. En este caso, basaban la decisión en la Ley de Contratos del Sector Público, que limita la posibilidad de contratar a personas naturales o jurídicas.

Otra situación injusta se da en el viñedo, al no poderse incluir como bien común de la pareja por las incompatibilidades del real Decreto sobre potencial vitícola con la figura de la titularidad compartida. En estos casos, detectados en la provincia de Burgos, se complica enormemente la gestión, puesto que pese a la cotitularidad se les obliga a seguir funcionando como si fueran dos explotaciones distintas -con cuadernos de campo, contabilidad y PAC independientes-, entre otras limitaciones que imposibilitan el avance de la explotación.

Pero no es el único caso, hay más en los que ASAJA trabaja para lograr que estas parejas de agricultores y ganaderos no se vean perjudicadas por la abundante normativa que no contempla la especificidad de las titularidades compartidas y plantea problemas y escollos para el desarrollo de estas explotaciones. Son problemas individuales y complejos, para los que las administraciones no dan respuesta o la retrasan meses o incluso años.

Por ello, desde ASAJA se reclama al Ministerio de Agricultura se atiendan con rapidez estas incongruencias e injusticias que afectan a explotaciones en titularidad compartida, y que además su equipo jurídico revise de forma global la normativa agraria para evitar que estas situaciones de indefensión sigan perjudicando a parejas de agricultores y ganaderos que optan por una figura que precisamente promueve la propia Administración.