Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha hecho pública en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña la presentación de una denuncia, trabajada conjuntamente con Unió de Pagesos y el bufete de abogados Redi, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que pide a este organismo público que investigue y, si procede, sancione a Mercadona, Bonpreu y Lidl por alineamiento de precios.

Unión de Uniones denuncia a estas tres cadenas al haberse constatado precios idénticos en la venta del cartón de leche de vaca UHT de marca blanca, como mínimo, durante tres años y cuatro meses seguidos, desde la semana 51 de 2018 a la semana 12 de 2022. Igualmente, tras la presentación de la denuncia, se ha ampliado la información aportada en cuatro ocasiones, logrando el seguimiento de los precios hasta la semana 12 de 2023.

La organización, con el fin de acreditar la denuncia, ha aportado como indicio una recopilación semanal de precios de venta al público que son coincidentes en las tres cadenas tanto en el momento exacto en que se produce cada variación de precio como en el importe de estas variaciones. En este sentido, de estos datos puede derivarse la posible existencia de comportamientos presuntamente estratégicos, voluntarios y continuados que ponen en entredicho (la formal) autonomía de las denunciadas, unos comportamientos que las otras distribuidoras del sector habrían ido replicando, en especial, en lo que se refiere a la leche de marca blanca semidesnatada y desnatada.

Unión de Uniones y Unió de Pagesos exponen que estas presuntas prácticas concertadas o conscientemente paralelas consistentes en fijar precios y el abuso de la posición de dominio colectivo que presuntamente habrían ejercido Mercadona, Lidl y Bonpreu —a semejanza de un cartel encubierto— vulnerarían varios preceptos de la Ley 5/2007 de Defensa de la Competencia y, lo harían, sobre todo, a expensas del eslabón más débil, los productores de leche, debilitando su poder de negociación a la hora de establecer el precio para su producto y provocando el cierre de muchas granjas, cuando en condiciones normales de mercado serían rentables.

En este sentido, Unión de Uniones insiste, además, en que la distribución debería hacerse responsable del producto que vende, asegurando también la trazabilidad y el etiquetado.

Asimismo, la organización ha señalado que justamente la Unión Europea está legislando para evitar escenarios como éste, donde el valor de la cadena alimentaria no se repercute equilibradamente entre los distintos operadores hasta tal punto que ha dejado en estado crítico al sector productor.

Las consecuencias del modus operandi de la gran distribución española, a juicio de Unión de Uniones, han sido una reducción de su entorno competitivo y la adquisición de mayor fuerza para negociar con la industria lechera, la cual, a su vez, ha trasladado la presión al ganadero imponiéndole precios muy bajos, incluso, en algunos casos por debajo de los costes de producción, una práctica que vulnera la Ley de la cadena alimentaria y que ha sido puesta en evidencia en la denuncia.

Además, el hecho de que el sector productor no disponga de beneficio, le supone la imposibilidad de invertir en mejoras en la explotación para aumentar su eficiencia técnica y económica. El consumidor, a su vez, recibe sus consecuencias en la medida en que la oferta puede sufrir una reducción drástica de la variedad.