En lo que va de año, Unió de Pagesos ha entregado 14 recursos de alzada ante la Secretaría de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña contra 14 proyectos fotovoltaicos autorizados por la Dirección General de Energía del Gobierno de Cataluña por defectos en la tramitación por una parte, en la medida en que el Análisis de Afectaciones Agrarias que incorporan los promotores no se adecuan a lo establecido en la Ley 3/2019, de espacios agrarios, y por otra parte, porque el Departamento de Acción Climática omite la responsabilidad que le otorga la misma ley de incluir en cada proyecto un informe perceptivo sobre este mismo análisis de afectaciones agrarias (ver tabla 1).
En este sentido, Unió de Pagesos pide a la Secretaría de Acción Climática que anule las resoluciones de los proyectos aprobados. El sindicato avanza que si finalmente la Administración catalana no accede a esta petición —que recordemos, debería dar respuesta a la Ley de espacios agrarios que ha entrado en vigencia esta misma legislatura— recurrirá a la vía judicial presentando recursos contencioso-administrativos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Este 2023, Unió de Pagesos, aparte de las consideraciones en el plan territorial sectorial para el desarrollo de las energías renovables en Cataluña [PLATER], también ha entregado alegaciones a 33 de los 68 proyectos de parques solares fotovoltaicos tramitados por la Generalitat, que suman un total de 1.279,36 ha (un 82% de la superficie total de las de 1.567,53 ha que suman los 68 parques). El sindicato no ha entregado alegaciones a 27 proyectos de menos de 8 ha que suman un total de 98,61 ha, ni, por su ubicación, a 5 proyectos de entre 10,19 ha a 47,67 ha. Sí que ha entregado, además, a dos proyectos tramitados por el Estado en la Conca de Barberà que suman más de 400 ha (ver tabla 2 y tabla 3). En cuanto a los proyectos eólicos, el sindicato ha presentado alegaciones a 11 proyectos de los 15 que han estado en información pública.
El argumentario expuesto por Unió de Pagesos tanto en el corpus de las alegaciones como en los respectivos recursos de alzada, exponen que los proyectos no tienen en cuenta las empresas agrarias afectadas directamente y no evalúan el efecto de la pérdida de superficie productiva de sus fincas; tampoco presentan alternativas que no afecten a otras fincas no cultivadas, y, en el análisis comparativo de las alternativas, en general, no tienen en cuenta todos los factores socioeconómicos (productividad agrícola, modelo productivo, grado de diversificación económica y mano de obra ) de las explotaciones afectadas, y, ni siquiera, la mayoría, justifican el hecho de que no existan alternativas posibles a las actuaciones previstas en el espacio agrario afectado. Como punto importante, también recogen el hecho de que las medidas correctoras y compensatorias que se proponen en los proyectos -que deben ser necesariamente dentro del mismo ámbito geográfico- no corrigen ni compensan la reducción de la superficie agrícola y la consecuente pérdida de producción agrícola que implican los mismos proyectos.
Esta incesante labor de presentación de alegaciones por parte de Unió de Pagesos responde al ideario sindical que quiere velar por la preservación del suelo agrario, en el marco de un modelo de implantación de energías renovables planificado, priorizando la proximidad de la producción eléctrica de origen renovable a los centros de consumo, con un desarrollo relevante del autoconsumo y la generación distribuida, impulsado con transparencia y con la implicación del territorio y que priorice el uso y la ocupación de espacios ya alterados por la actividad humana en vez de estropear espacios de alto valor agrológico o de interés agrario.
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