El próximo 13 de octubre se votará la propuesta de la Comisión Europea (CE) en la que se propone renovar la autorización del glifosato por diez años, bajo determinadas condiciones. Dichas condiciones son  medidas de mitigación de riesgos relativas al entorno de las zonas fumigadas, en particular mediante el establecimiento de “franjas de protección” de 5 a 10 metros y el uso de equipos para reducir drásticamente la deriva de aspersión.

Mientras que Alemania, al día siguiente de presentarse la propuesta, ya anunció públicamente que votaría en contra, ya que el Gobierno tripartito alemán, en el que están los Verdes, tiene un acuerdo en este sentido, Francia todavía no se ha pronunciado.

No hay que olvidar que el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron prometió en su campaña electoral que eliminaría el glifosato de la agricultura francesa, pero luego, también se comprometió con los agricultores a que el herbicida se eliminaría cuando contaran con alternativas que fueron viables.

El Ministro francés de Agricultura ha dicho que el uso de glifosato debería limitarse sólo a usos para los que no existe una alternativa viable. Al ser preguntado en público por la prensa, no ha querido decir lo que piensa votar. La secretaria de Estado responsable de la biodiversidad ha calificado la propuesta de la Comisión como de «un paso atrás». Incluso ha dicho que “sería una herejía si el texto se aprobara en su versión actual».

Para que en la votación del día 13, la propuesta salga adelante, se necesita mayoría cualificada, lo que significa que el 55 % de los Estados miembros tiene que votar a favor, lo que en la práctica es 15 países a favor de los 27 de la UE. Los Estados miembros favorables a la propuesta representan al menos el 65 % de la población total de la UE.

La actual autorización del glifosato en la UE se renovó en 2017 por cinco años, por lo que ésta expiró el 15 de diciembre de 2022, pero se prorrogó por un año, a la espera de una evaluación científica del herbicida. En julio pasado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó su informe, en el que indicaba que no había identificado ninguna área crítica de preocupación en humanos, animales y medio ambiente.