La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita al Gobierno que exceptúe de la obligación de cumplimentar el cuaderno digital de explotación a las fincas que tengan igual o menos de 15 hectáreas de regadío e igual o menos de 30 hectáreas de secano o que toda su superficie esté dedicada a pastos. Asimismo, pide que la entrada en vigor se retrase al 1 de enero de 2026 (al ser la fecha máxima establecida por la Unión Europea) y que la Administración aproveche este periodo transitorio para realizar un plan formativo a los agricultores y ganaderos, facilitar medios digitales e identificar los organismos oficiales que podrán prestar la cumplimentación del cuaderno digital.

Esta es una de las principales alegaciones que la organización presidida por Cristóbal Aguado ha presentado al proyecto de Real Decreto por el que el Gobierno plantea modificar diversos reales decretos dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común (PAC).

La asociación asimismo propone que la obligación de contar con un asesor en gestión integrada de plagas (GIP) sólo recaiga en explotaciones de más de 15 hectáreas de regadío y 30 hectáreas de secano, ya que “sería inviable técnica y económicamente para los pequeños y medianos agricultores”.

Aguado añade que “si la Conselleria de Agricultura fuera capaz de establecer una red de avisos sobre la evolución de todas las plagas y enfermedades por comarcas y el Ministerio la considerara como referencia, ya no haría falta que fuera el asesor de cada agricultor quien hiciera un montón de visitas a las parcelas, con los sobrecostes inasumibles que ello generaría”.

El dirigente agrario también insta a poner a disposición del sector un equipo de la Administración para asesorar en caso de dudas (cómo aplicar varias materias activas en una sola pulverización que puedan exigir distintos volúmenes de caldo, identificación del estado fenológico del cultivo, etc.), preferentemente en las oficinas comarcales agrarias, si bien propone también en las organizaciones agrarias y cooperativas en caso de considerarlas y financiarlas como entidades colaboradoras de manera oficial. “La Conselleria debería plantearse este tema y trasladarlo a Madrid, pues hay otras regiones con mucho minifundio. Y si Madrid no hiciera caso, nos plantearíamos la desobediencia, no cumplimentar el cuaderno digital, no porque no queramos, sino porque no podemos”, advierte Aguado.

AVA-ASAJA también aboga por flexibilizar ecoregímenes. En primer lugar, solicita incluir un nuevo ecoregimen denominado laboreo superficial con los importes similares a la agricultura de carbono y agroecología: rotaciones y siembra directa. Además, con el objeto de controlar las malas hierbas, propone que se puedan realizar labores superficiales en los cultivos herbáceos a partir de la fecha de recolección y tratamientos agrícolas en las tierras de barbecho entre los meses de abril y junio.

Respecto a la ayuda asociada a los productores de frutos secos, que en la Comunitat Valenciana sólo se destina al sur de Alicante por riesgo de desertificación y con pendiente superior al 10%, AVA-ASAJA solicita que se incluyan otras comarcas como Los Serranos, Utiel-Requena, el Alt Palància o el Baix Maestrat.

 Finalmente, AVA-ASAJA reitera su reivindicación de reducir la burocracia a efectuar por los agricultores y ganaderos (fotografías georreferenciadas y, en el caso de los ganaderos, también información de dispositivos de geolocalizacion animal) de forma que sea la propia Administración a través de sus medios digitales la que pueda realizar estas comprobaciones.