Las sanciones a las bodegas por incumplimientos deberían ser disuasorias (UAGA)

COAG organizó, con la asistencia de la Dirección de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) una reunión sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria (LCA) en el sector vitivinícola. En dicha reunión se ha trasladado la preocupación del sector por el cumplimiento de dicha Ley, así como por el control, y verificación e inspección que se está realizando actualmente desde la Administración, para que los productores perciban precios por encima de los costes de producción, señalan desde UAGA-Álava.

Se han tratado temas de relevancia como la ilegalidad de los pagos con retroactividad siempre y cuando no estén reflejados en el contrato registrado como un pago variable en función de determinados parámetros. También se ha preguntado sobre los controles de oficio que está realizando la AICA, ya que no se están produciendo en la mayoría de los casos hasta que no hay denuncia, y no antes de cuando se procede al pago de la uva al viticultor.

Asimismo, se ha recalcado que las sanciones publicadas por la AICA a bodegas con incumplimientos de contratos son de importes realmente bajos y que no van a conseguir el efecto disuasorio de evitar malas prácticas de determinadas bodegas.

Entre otras medidas, se ha solicitado a la AICA que sólo puedan optar a las ayudas públicas del Ministerio aquellas bodegas que cumplan en el registro de sus contratos con lo establecido en dicha ley. Y también que se establezca un periodo mínimo de la firma y registro de dichos contratos antes de la entrega de producto.

Desde la AICA, se ha trasladado que los agricultores deben atreverse a realizar las denuncias cuando crean que se está incumpliendo la Ley (cuando no existe contrato, o el contrato no cumple con los costes de producción, etc.), ya que son conscientes que pueden existir cláusulas abusivas en determinados contratos.

Asimismo han confirmado que habrá total confidencialidad con las personas u organizaciones denunciantes, y se actuará de oficio, pero deberá demostrarse el incumplimiento de la Ley con documentación de cada caso concreto (tickets de entrega a la bodega, costes de producción de cada viticultor, contrato firmado con la bodega, etc.).