Los ganaderos de Salamanca comenzaron el 5 de febrero a paralizar pacíficamente los saneamientos de campaña, con el objetivo de que la administración atienda sus reivindicaciones. Medida que es apoyada por la Unión de Campesinos de Castilla y León; ya que se considera que las campañas de saneamiento de los últimos 20 años no están consensuadas con los ganaderos afectados, causándoles graves pérdidas.

De esta forma, UCCL está totalmente en contra de que empresas privadas se aprovechen de las campañas de erradicación de tuberculosis; como EULEN, que se está enriqueciendo a costa de este tipo de medidas. Por este motivo, desde nuestra organización se apuesta por la implantación de la figura del veterinario de explotación, para que sea la encargada de realizar el saneamiento ganadero en las explotaciones.

Junto a esto, Unión de Campesinos se declara en contra de que las explotaciones con calificación T3H, es decir, las explotaciones oficialmente indemnes durante 3 años seguidos, tengan que realizar una segunda vuelta anual.

Existe un altísimo porcentaje de pruebas post-mortem que dan resultados negativos, acarreando así pérdidas enormes a los ganaderos, teniendo las explotaciones inmovilizadas, y con el temor de que se vean obligados a echar el cierre, debido a las pérdidas que le están provocando los protocolos para la erradicación de la tuberculosis bovina; por ello, se solicita sustituir el concepto de “erradicación”, por “control”. Quizás sea el momento de plantear la difícil, por no decir imposible, erradicación de las enfermedades; ya sea por sus peculiaridades y/o por factores externos como pueden ser los sistemas de dehesa, con grandes superficies de pastos en extensivo (no establos como en otras partes de Europa), zonas de montaña y convivencia con distintas especies y fauna salvaje que actúan como reservorios y transmisores. Sería conveniente plantearse la “necesidad de convivir” con un porcentaje de prevalencia a estas enfermedades.

Por todo ello, urge una mesa de negociación con las administraciones implicadas, tanto el Ministerio, como la Junta de Castilla y León, para consensuar dicho sistema de control con los ganaderos implicados.