Piden en Castilla y León una “referencia oficial de coste mínimo”

La Alianza UPA-COAG ha registrado un documento dirigido a la directora general de Industria y Cadena Alimentaria, que recoge las alegaciones de nuestra organización al borrador de Orden de creación del Observatorio de costes de producción, márgenes y formación de precios de productos agroalimentarios de Castilla y León.

En primer lugar, desde la Alianza UPA-COAG valoran positivamente los cambios que este borrador de Orden introduce respecto del anterior proyecto de Orden de Observatorio de la Cadena Alimentaria de agosto de 2023. Aprecian en particular la nueva redacción que ofrece el Observatorio expresamente sobre los costes de producción de los productos obtenidos en las explotaciones agrarias, que se determinarán sobre la base de estudios encargados por la propia Dirección General de Industria y Cadena Alimentaria.

Sin embargo, la Alianza UPA-COAG expone en el escrito “que es un clamor del sector productor que, ante la dificultad de establecer individualmente a nivel de explotación los costes unitarios de determinados productos obtenidos en la misma, necesitamos una referencia que pueda considerarse como precio mínimo de coste que tenga valor legal a efectos de establecer el precio mínimo a pagar al productor por el primer comprador”.

En este sentido, la organización solicita que la Orden que desarrolla el Observatorio de Costes defina y regule también el instrumento de referencia oficial de coste mínimo para cada producto, estableciendo que dicha referencia pueda ser utilizada, por los productores que así lo deseen, como coste individual a los efectos establecidos en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por otro lado, consideran que la Consejería de Agricultura debería establecer mecanismos que obliguen a las empresas operadoras a facilitar datos sobre los costes de procesamiento, de distribución y de márgenes de los distintos eslabones, así como de la formación de precios a lo largo de la cadena de valor.  Al respecto, piden que la negativa a facilitar todos los datos requeridos para la realización de los estudios pertinentes para determinar los costes, márgenes y formación de precios, implique que esas empresas no puedan tener acceso a determinadas ayudas públicas.

Otro aspecto básico que debe modificar la Administración regional es el de la composición del pleno del Observatorio. Consideran que la representación que se otorga al sector productor nos coloca, una vez más, en desventaja respecto a la Industria y Distribución. “Por experiencia sabemos que en las cuestiones que afectan a los productores, industria y distribución, estas últimas actúan prácticamente siempre en un mismo sentido. De lo anterior se deduce que los productores tendríamos tres votos frente a los seis del conjunto industria-distribución”. Al respecto, la Alianza UPA-COAG ha solicitado  que se incremente a seis el número de vocales correspondientes a las organizaciones profesionales agrarias en el Pleno del Observatorio.

También su documento recoge la necesidad de que se incluya en este Observatorio, y por lo tanto, en el control de las relaciones en la cadena de valor, a  los frutos de cáscara y la uva de vinificación sin figura de calidad “para evitar situaciones indeseadas y que dañen los intereses de los productores”.