El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura (MAPA), aprobó ayer un paquete de modificaciones que afectan a las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas, vitivinícola y apícola en el marco de la aplicación de Política Agraria Común (PAC) en España.

Los ajustes técnicos incorporados permiten la adaptación de las disposiciones modificadas responden a los cambios aprobados por la Comisión Europea el pasado 30 de agosto de 2024 en el plan estratégico nacional de la PAC, a propuesta del Gobierno de España y previo consenso con las comunidades autónomas.

La norma aprobada en el día de ayer, coincidiendo con el inicio del ejercicio financiero 2025 del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), otorga una mayor seguridad jurídica a los agricultores y operadores del sector.

En particular, se modifican los reales decretos de fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones (1179/2018 y 857/2022), con la incorporación de nuevas acciones que contribuyan al reequilibrio del mercado en determinadas producciones. Además, se actualizan los importes de las ayudas para retiradas de mercado y las compensaciones económicas por la cosecha en verde o la renuncia a cosechar.

Asimismo, se reduce la carga administrativa a los beneficiarios de ayudas por incurrir en gastos de transporte relativos a las operaciones de retirada con destino la distribución gratuita. Igualmente se clarifican los supuestos de incremento de ayuda previstos en el Reglamento (UE) 2021/2115, así como las condiciones de subvención de algunas medidas e inversiones.

En lo que respecta al Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola, se alinean conceptos a la terminología de la Comisión Europea, y se refuerza la coherencia entre las intervenciones, además de incluir algunos ajustes técnicos que facilitan su aplicación.

En relación con la modificación del Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola, se adapta el marco legal aplicable al libro de registro de colmenas y se incorporan directrices para el pago de determinados gastos, de acuerdo con el criterio de la Comisión Europea.