La Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), impulsada por el Ministerio de Agricultura, pierde credibilidad mientras el Gobierno sigue apoyando acuerdos de libre comercio como Mercosur. Según COAG, dichos pactos favorecen importaciones sin control que sustituyen a la producción local, debilitando la soberanía alimentaria de España.

La organización ha planteado que la ENA debe centrarse en reforzar la soberanía alimentaria de España, con la agricultura y la ganadería social y profesional como eje central. Para la organización, es esencial que la política agroalimentaria no se limite a declaraciones de intenciones, sino que adopte medidas concretas que protejan a las explotaciones más vulnerables frente a un modelo globalizado y basado en grandes fondos de inversión.

Se ha subrayado que los acuerdos de libre comercio fomentan modelos agrícolas globalizados que acaparan recursos, desplazan a pequeños agricultores y promueven prácticas que a menudo se presentan como sostenibles pero carecen de verdadero impacto social positivo.

Derecho a la alimentación como prioridad

También se defiende que la ENA debe reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano, alejándose de su consideración como mera mercancía. En este sentido, COAG aboga por políticas públicas basadas en los derechos humanos, alineadas con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los agricultores y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP).

Según COAG, es necesario un enfoque que garantice el acceso universal a alimentos de calidad sin comprometer la sostenibilidad económica, social o ambiental de los sistemas alimentarios.

COAG ha instado al Gobierno a plantear la ENA como un proyecto inclusivo, que incorpore la participación de agentes ministeriales, territoriales, económicos y de la sociedad civil. Solo mediante un diálogo amplio y una apuesta por la producción local será posible garantizar un sistema alimentario justo y sostenible que permita a España liderar en soberanía alimentaria.