Con el fin de mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena de suministro agroalimentario y apoyar sus ingresos, la Comisión Europea presentó ayer modificaciones específicas del marco jurídico vigente establecido en el Reglamento por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrícolas (OCM) y un nuevo Reglamento sobre la aplicación transfronteriza de las medidas de lucha contra las prácticas comerciales desleales.
Las modificaciones presentadas tienen como objetivo específico reforzar la posición de los agricultores y lograr una mayor confianza entre los actores de la cadena mediante:
- Regulación de contratos: Obligación general de utilizar contratos escritos entre agricultores y compradores, mejorando y mejorando la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de los costes y las condiciones económicas;
- Mediación obligatoria: Establecimiento de mecanismos de mediación entre agricultores y compradores.
- Impulso a las organizaciones de productores: Mejora del poder de negociación de estas organizaciones mediante un mayor apoyo financiero por parte de los Estados miembros en las intervenciones sectoriales de la PAC, además de simplificar las reglas para su reconocimiento legal.
- Gestión de crisis: Posibilidad de que la UE apoye financieramente a las organizaciones de productores que tomen iniciativas privadas para gestionar crisis.
- Uso de términos opcionales: Definición de criterios para el uso de términos como “justo,” “equitativo” y “cadenas de suministro cortas” al describir la organización de la cadena de suministro.
- Iniciativas sostenibles: Ampliación de las posibilidades para que los agricultores y otros actores acuerden iniciativas con dimensiones sociales, como la renovación generacional, la viabilidad de pequeñas explotaciones o la mejora de las condiciones laborales.
Aplicación transfronteriza contra prácticas desleales
La Comisión propone nuevas reglas para reforzar la aplicación transfronteriza de las prácticas comerciales desleales prohibidas por la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (UTP). Dado que aproximadamente el 20% de los productos agroalimentarios consumidos en un Estado miembro provienen de otro, se busca mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de estas normas.
La propuesta introduce reglas procedimentales para casos transfronterizos, incluyendo un mecanismo de asistencia mutua que permitirá a las autoridades nacionales intercambiar información y solicitar la intervención de otra autoridad en casos de sospechas razonables de prácticas desleales con dimensión transfronteriza.
La Comisión también ha adoptado una enmienda al Reglamento de mínimis para el sector agrícola, que exime pequeños montos de apoyo del control de ayudas estatales, permitiendo a los Estados miembros ofrecer ayudas rápidas y directas a los agricultores sin necesidad de notificación ni aprobación previa.
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