El sector remolachero-azucarero de España atraviesa una situación crítica ante los acuerdos desequilibrados que está negociando la Comisión Europea y la falta de materias activas eficaces que suplan a las que se están prohibiendo en la UE, según denuncia la Asociación General de Fabricantes de Azúcar (AGFAE).

Desde 2018, se han eliminado más de 30 sustancias activas en la UE para el cultivo de la remolacha, y tal y como avanza la normativa, es muy posible que para 2027 los productores de la UE solo puedan tener acceso a un puñado de herbicidas, insecticidas y fungicidas (frente a los 100 con que cuenta Brasil). Es remarcable que para estas prohibiciones no ha existido un análisis de impacto económico y/o social previo, simplemente se han prohibido, sin existir en la mayoría de las ocasiones sustancias alternativas para sustituirlos.

Dicha prohibición supone un sobrecoste para el remolachero, que debe tratar de encontrar recursos alternativos a un mayor coste y en muchos casos a la pérdida o disminución de la cosecha por ser dichos recursos ineficaces e incluso medioambientalmente más perjudiciales.

Este problema se agudiza con el impacto del cambio climático que propicia la aparición de más enfermedades y plagas en el campo que a su vez generan incertidumbre y suponen pérdida económica para el agricultor por incurrir en mayores costes y pérdida parcial o total de cosecha.

Mientras tanto, los productores de azúcar de terceros países viven ajenos a las limitaciones normativas y estándares. El coste de esta ventaja competitiva lo paga el sector productor español y europeo que mira con estupefacción cómo avanzan los tratados internacionales y cómo, por uno u otro motivo, gran parte del azúcar que entra en la Unión lo hace sin aranceles o aranceles reducidos. Así, por ejemplo, durante la campaña 2024/25, las importaciones ucranianas de azúcar aumentaron hasta 25 veces el contingente arancelario inicial.A las importaciones ucranianas se unirán las importaciones procedentes de Brasil, el mayor productor de azúcar del mundo, y Uruguay, ambos en la propuesta de Mercosur.

La industria azucarera española apela a las autoridades comunitarias, nacionales y autonómicas para que actúen de manera decidida y pongan fin a una crisis que amenaza con arrasar un pilar fundamental de la agricultura española y europea y reclama las siguientes medidas:

• La no aplicación de restricciones de sanidad vegetal si no se ha hecho una valoración previa de los riesgos frente a los beneficios de dicha prohibición, y si no hay una solución alternativa con la misma eficacia.

• Facilitar el acceso a nuevas sustancias activas y acelerar los procesos de autorización de éstas.

• Aprobar el uso de Nuevas Técnicas Genómicas (NTGs) como herramienta para mejorar la productividad y la resistencia de los cultivos frente a las enfermedades y el cambio climático. 

• Exigir los mismos estándares productivos o “cláusulas espejo” en los acuerdos comerciales internacionales para garantizar la reciprocidad en las normativas de sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria, reforzando los controles fronterizos para verificar su cumplimiento.

• Establecimiento de redes de seguridad y herramientas de gestión de riesgos en el marco de la OCM para proteger a los productores ante crisis de mercado. 

El cultivo de remolacha azucarera y la producción de azúcar no solo generan empleo y riqueza en las zonas rurales, fijando población en zonas que adolecen de ella por la industria que lo acompaña, sino que también desempeña un papel crucial en la diversificación de cultivos. Su desaparición tendría consecuencias catastróficas para la economía local y los ecosistemas agrícolas. 

Ha resultado un gran sacrificio la aplicación de las continuas reformas dirigidas desde Bruselas, especialmente la reestructuración de 2006 y, una década después, la reforma del sector en 2017. Ahora no debería ser necesario indicar el enorme agravio comparativo que supone tener que competir en desigualdad de condiciones en el mercado doméstico con producciones azucareras muy alejadas de los estándares comunitarios. La salud, el medioambiente y la calidad deberían ser conceptos respetados globalmente.