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Conflicto en el sector del tomate en Extremadura: productores rechazan la bajada de precios y exigen la mediación de la Junta

06/02/2025

Las negociaciones entre productores y la industria transformadora del tomate en Extremadura han entrado en un punto de tensión. Las organizaciones profesionales agrarias extremeñas han manifestado su desacuerdo con los costes de producción estimados por Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, los cuales, según denuncian, se han calculado basándose en una campaña excepcional que no refleja la realidad del sector. Ante este escenario, UPA-UCE Extremadura ha solicitado la intervención de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para garantizar que el acuerdo final cumpla con la Ley de la Cadena Alimentaria y no perjudique a los agricultores.

Una estimación de costes que distorsiona la realidad

Uno de los principales puntos de conflicto es el cálculo de los costes de producción. Según un estudio presentado por Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, el coste de producción de una tonelada de tomate en la región se sitúa en 114,7 euros, es decir, 31 euros menos que el año pasado. Este dato se ha obtenido dividiendo los gastos del cultivo entre la media de producción registrada en 2024, cuando las condiciones fueron excepcionalmente favorables tras varios años de sequía.

Sin embargo, varias organizaciones agrarias rechazan esta metodología. Desde UPA-UCE Extremadura, La Unión Extremadura, APAG Extremadura Asaja y AGRYGA advierten que no se pueden tomar como referencia las 98,41 toneladas por hectárea alcanzadas el año pasado, ya que se trata de un rendimiento récord que difícilmente se repetirá. Según los datos históricos de la Mesa del Tomate, la media de producción en los últimos años ha sido de 88 toneladas por hectárea, por lo que tomar como base las cifras de 2024 supone, en su opinión, una justificación para que la industria reduzca el precio en un 25 por ciento.

Además, otro aspecto criticado es que en estos cálculos de costes no se ha contemplado el salario de los agricultores, lo que distorsiona aún más la realidad del sector.

Rechazo unánime de los productores a la bajada del precio

Las organizaciones agrarias han mostrado su total rechazo a la intención de la industria de fijar precios por debajo de los del año pasado, advirtiendo que esto comprometería la rentabilidad del cultivo y pondría en riesgo la sostenibilidad del sector. Desde APAG Extremadura Asaja y AGRYGA insisten en que la demanda internacional de tomate concentrado sigue siendo alta y a precios competitivos, por lo que no hay justificación para una bajada del precio en origen.

Ante esta situación, La Unión Extremadura ha dirigido un escrito al Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, exigiendo explicaciones sobre su posicionamiento en la negociación y cuestionando si realmente están defendiendo los intereses de los agricultores o los de la industria transformadora.

UPA-UCE Extremadura reclama la mediación de la Junta

Desde UPA-UCE Extremadura, ha insistido en que la Consejería de Agricultura debe intervenir en la negociación para garantizar que se llegue a un acuerdo que cumpla con la legalidad y proteja los derechos de los productores. La organización considera que la Junta no puede permanecer al margen de un conflicto que afecta directamente a la viabilidad de muchas explotaciones en la región.

Asimismo, han exigido que se corrija el problema con la ayuda al tomate, recordando que el año pasado los agricultores ya fueron penalizados en esta subvención.

Exigencia de precios justos para el tomate

Los productores mantienen una postura firme: las OPFH no deben aceptar precios por debajo de los de 2024. Si realmente existiera un problema de exceso de producción de tomate concentrado en el mercado internacional, la solución debería pasar por reducir la producción, pero nunca el precio, ya que esto supondría un perjuicio directo para los agricultores, señalan desde Apag Extremadura Asaja y la AGRYGA.

Las organizaciones agrarias han dejado claro que no aceptarán un acuerdo que ponga en riesgo la rentabilidad del cultivo y esperan que la Junta de Extremadura actúe como mediadora para alcanzar una solución justa para todas las partes.

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