En noviembre de 2023, la Comisión Europea lanzó una Comunicación sobre la oportunidad de ampliar la UE a nuevos estados miembros, basándose que una ampliación bien gestionada traerá más beneficios que riesgos, al fortalecer la estabilidad, la economía y la seguridad del continente.  Este mes de enero, el Parlamento Europeo ha publicado el informe «Adapting the EU budget to make it fit for the purpose of future enlargements», que analiza las implicaciones financieras de una futura ampliación de la Unión Europea. Elaborado por la Budgetary Support Unit, el estudio evalúa el impacto de la adhesión de nueve países candidatos, incluyendo Ucrania y los Balcanes Occidentales, y su repercusión en la Política Agraria Común (PAC), piedra angular del apoyo a la agricultura en Europa.

Un presupuesto al límite

La PAC representa aproximadamente el 31% del gasto total de la UE y es una de las partidas más afectadas en los escenarios de ampliación. Según el informe, la adhesión de nuevos Estados miembros generaría un incremento presupuestario de hasta 22.000 millones de euros anuales, con un impacto del 22-25% sobre el actual Marco Financiero Plurianual. Sin un aumento en la financiación global, la redistribución de fondos podría traducirse en recortes medios del 15% en las ayudas a los agricultores de los Estados miembros actuales.

El informe analiza tres escenarios de ampliación: uno gradual, que implicaría una subida de 34.000 millones de euros en el presupuesto comunitario; otro más rápido con la incorporación de los Balcanes Occidentales, que requeriría 50.000 millones de euros; y el escenario «Big Bang», con la entrada simultánea de Ucrania, Moldavia, Georgia y los Balcanes, que supondría una presión sin precedentes sobre la PAC, alcanzando un aumento de 85.000 millones de euros.

Ayudas directas en riesgo

Uno de los aspectos más sensibles de la ampliación es la distribución de las ayudas directas. Actualmente, la PAC destina 38.000 millones de euros anuales a pagos directos a los agricultores. Con la incorporación de nuevos países, se estima que esta cifra debería aumentar en 15.000 millones de euros para mantener los niveles actuales de apoyo. Sin embargo, si el presupuesto global no se incrementa, los agricultores de países como España, Francia e Italia podrían sufrir reducciones del 10-20% en sus pagos directos, lo que representaría para España una pérdida de entre 1.500 y 2.500 millones de euros anuales.

La adhesión de Ucrania es particularmente preocupante. Con 41,5 millones de hectáreas cultivables, su incorporación podría generar una redistribución de los fondos que beneficie desproporcionadamente a grandes explotaciones agroindustriales, que absorben el 70% de esa  superficie. Para mitigar este impacto, el informe recomienda establecer topes en las ayudas por explotación y aplicar períodos de transición de hasta 15 años antes de que los nuevos Estados accedan plenamente a los pagos directos.

Presión sobre el desarrollo rural

El Pilar 2 de la PAC, destinado al desarrollo rural, también se vería afectado. Actualmente, estos fondos apoyan la modernización de infraestructuras agrarias, la sostenibilidad ambiental y la diversificación económica en zonas rurales. La ampliación de la UE incrementaría la demanda de estos recursos, reduciendo la financiación disponible para los Estados miembros actuales.

El informe estima que los nuevos países requerirían entre 5.000 y 8.500 millones de euros adicionales anuales en desarrollo rural, lo que podría traducirse en recortes de 5.000 a 7.000 millones de euros para los países actuales. España podría perder hasta 900 millones de euros anuales en este tipo de ayudas, mientras que Francia e Italia verían reducciones de hasta 1.200 millones.

Para minimizar estos efectos, el informe sugiere separar las asignaciones de los nuevos miembros del presupuesto actual del Pilar 2 y condicionar los fondos a reformas estructurales que aseguren su uso eficiente.

Distorsiones en los mercados agrarios

La incorporación de países con grandes sectores agrarios también podría alterar los mercados europeos. Ucrania, por ejemplo, es uno de los mayores productores de trigo y maíz del mundo, lo que podría llevar a una caída del 15% en los precios de los cereales en la UE.

El informe advierte que la competencia desleal podría perjudicar a los agricultores de los Estados miembros actuales debido a los menores costos de producción y normativas ambientales menos estrictas en los nuevos países. Para evitar estas distorsiones, el informe para el Parlamento recomienda: reforzar los mecanismos de intervención en los mercados para absorber posibles excedentes; ampliar las medidas de almacenamiento público en sectores sensibles y aplicar restricciones temporales a las exportaciones de productos subvencionados para evitar caídas drásticas de precios.

¿Otra vez hacer más con lo mismo?

La Comisión Europea en su Comunicación de noviembre de 2’23 se mostraba claramente partidaria de impulsar la ampliación. De hecho, en los últimos años se han venido dando pasos con un paquete de medidas de ampliación otorgando ayudas económicas importantes a países como Moldavia o Georgia (no hablemos de Ucrania y su conflicto bélico con Rusia) para impulsar reformas internas que les preparasen para la adhesión y hay en agenda un nuevo plan de crecimiento para los Balcanes Occidentales. A las razones geopolíticas, estratégicas y comerciales (con la expansión del mercado único europeo a otros 80 millones de consumidores), se suman también las humanitarias, con la pretensión de la Comisión de iluminar a sus nuevos socios en el camino de la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la eliminación de la corrupción.

Sin embargo, la Comisión advirtió también, que la ampliación no debe producirse a cualquier precio ni de forma apresurada. La ampliación no será inmediata ni automática, sino que dependerá de las reformas que implementen los países candidatos y de las adaptaciones internas en la UE. Para garantizar una adhesión exitosa, deben cumplirse criterios estrictos de convergencia política, económica y jurídica, tanto por parte de los países candidatos como de la propia UE, que deberá reformar algunos de sus mecanismos institucionales y financieros​.

También el informe del Parlamento Europeo concluye que la ampliación de la UE es viable solo si se aplican ajustes financieros y regulatorios adecuados y que sin un aumento significativo en el presupuesto de la PAC, la ampliación podría traducirse en recortes importantes para los agricultores europeos, generando tensiones políticas dentro del bloque.

Y es, sobre todo, esto último lo que preocupa a Unión de Uniones. ¿Están los países actuales miembros de la UE en disposición política y económica de sufragar entre 34.000 y 85.000 millones de incremento del presupuesto de la UE u optarán por la vía de acomodar las necesidades de los futuros posibles nuevos estados miembros con las presentes disponibilidades financieras? ¿estamos otra vez a las puertas de hacer otra vez mucho más con lo mismo? De cómo se resuelva esa incognita depende en buena parte el futuro de la PAC y también el de los agricultores y ganaderos europeos y, particularmente, en países como España en donde alrededor de un 30% de sus rentas proceden de las ayudas directas… y esto es así porque, no lo olvidemos, así lo han decidido las instituciones europeas… hasta ahora.