El pasado 12 de febrero de 2025, la Comisión Europea presentó su comunicación sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), iniciando el debate sobre la estructura presupuestaria de la UE para el periodo 2028-2034. La propuesta busca hacer frente a los nuevos desafíos económicos, geopolíticos y climáticos, al tiempo que se adapta a la devolución de la deuda de NextGenerationEU., un elemento que preocupa y mucho al Ejecutivo comunitario. La Comisión plantea la necesidad de un presupuesto más simple, flexible y basado en resultados, sustituyendo la actual estructura de asignación de fondos por políticas específicas por un modelo de Planes Nacionales Integrados, donde cada Estado miembro gestionaría sus recursos dentro de una estrategia nacional alineada con las prioridades de la UE.

El nuevo esquema

El documento señala que la actual fragmentación presupuestaria, reflejada en asignaciones predeterminadas a los diferentes ámbitos políticos de acción (agricultura, defensa, seguridad, innovación… y así hasta 50 líneas) ha generado problemas de ejecución, falta de flexibilidad y rigideces que dificultan las respuestas de la UE a las crisis y resta eficiencia a los fondos. La Comisión propone, por lo tanto, una simplificación en la gestión de los fondos, consolidándolos en tres grandes ejes:

• Planes Nacionales Integrados que englobarían áreas como agricultura y cohesión.
• Fondo Europeo de Competitividad para inversiones estratégicas en innovación y digitalización.
• Fondo Renovado de Política Exterior para reforzar la posición de la UE a nivel global. Estos cambios buscan maximizar el impacto del presupuesto, agilizar la toma de decisiones y reducir la burocracia.

El papel de la PAC en el presupuesto de la UE

La Política Agraria Común (PAC) ha sido tradicionalmente uno de los pilares del presupuesto europeo, representando cerca del 30% del total. Sin embargo, de llevarse a cabo los propósitos que la Comisión traslada en su comunicación, con la nueva estructura propuesta, la PAC dejaría de contar con una asignación presupuestaria fija, pasando a integrarse en los Planes Nacionales. Esto implica que cada Estado miembro decidiría cuánto destinar a la agricultura dentro de su asignación global, generando incertidumbre en la estabilidad de los pagos directos y los programas de desarrollo rural.

Seguridad alimentaria y protección del medioambiente en el nuevo marco presupuestario

La Comisión reconoce que el sector agrícola enfrenta importantes desafíos, como la volatilidad de los ingresos, el relevo generacional y los efectos del cambio climático. Según el documento, en 2023 el ingreso agrícola por trabajador fue un 60% inferior a la media europea, y solo el 6,5% de los agricultores eran menores de 35 años. Además, el coste medio anual de los desastres naturales ha aumentado hasta 50.000 millones de euros, afectando directamente la producción agrícola. Para abordar estos retos, la Comisión considera que serían necesarios 62.000 millones de euros en inversiones para cerrar la brecha financiera del sector agrícola y garantizar su transición hacia un modelo más digitalizado, ecológico y resiliente. Estos recurso debería priorizar la resiliencia climática, el acceso a financiación y el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, al no contar con un presupuesto preasignado, la disponibilidad de dichos fondos para estos objetivos dependería de las decisiones nacionales.

Impacto de las propuestas en la financiación agrícola y rural

La nueva estructura presupuestaria, basada el planes nacionales integrales, podría tener consecuencias significativas para la financiación de la PAC y el desarrollo rural.

Por un lado, se podría desencadenar a nivel interno de cada Estado miembro una mayor competencia por los fondos. Sin una partida específica, la agricultura deberá competir con otros sectores en la distribución de los fondos nacionales y también con otras prioridades políticas en materia social, inmigración, trabajo, seguridad, etc… 

Dependiendo, por lo tanto, de estas prioridades, las ayudas a los agricultores podrían reestructurarse o incluso reducirse. Recordamos aquí ahora, el estuido elaborado por expertos para el Parlamento Europeo, en el que alertaban de que, sin un incremento sustancial del presupuesto de la UE, la ampliación hacia países como Ucrania y los Balcanes Occidentales, podría costarle a España unos 3.000 millones de euros en la PAC futura.

Al margen de ello, el nuevo esquema podría gener desigualdad entre Estados miembros; ya que aquellos países con mayor dependencia de la PAC podrían verse perjudicados si sus gobiernos priorizan otras áreas de inversión. Por otra parte, igualmente, podrían surgir diferencias, no sólo en el nivel de apoyo recibido, por los agricultores, sino también la carga administrativa, al tener que adaptarse a normativas naciones distintas en cada país, en lugar de regirse por un sistema común europeo. 

Ante una mayor flexibilidad, hay, efectivamente, más capacidad de respuesta; pero tambiénmás incertidumbre, porque el nuevo sistema permitiría adaptaciones rápidas en caso de crisis, pero tanto de crisis en el sector agrario, como de crisis en otros sectores y ámbitos, lo que podría debilitar la estabilidad de los recursos destinados a la agricultura.

De momento… un futuro incierto

En definitiva, se adivina un cambio de paradigma en el horizonte. Hasta ahora, en cada Reforma del Marco Financiero Plurianual, nuestras autoridades siempre se han prodigado en insistir que la financiación de la PAC no estaba en cuestión. Eso ha sido cierto, aunque en cada repaso se haya perdido alguna varilla del otrora famoso paraguas comunitario.

Posiblemente también en esta ocasión la persistencia de una Política Agraria (al parecer menos Común) estaría asegurada, pero su peso, su empaque, su protagonismo, si que no están garantizados; y su futuro dependerá de las decisiones políticas de cada Estado miembro. En los próximos meses, las negociaciones en el Consejo y el Parlamento Europeo serán clave para determinar si esta transformación del presupuesto de la UE se traduce en una mayor responsabilidad para los políticos patrios que tendrán, si es así, muchas menos argumentos para echarle la culpa a Bruselas de todo lo que no funciona.