Más de medio centenar de representantes de organizaciones sectoriales, comunidades autónomas y portavoces parlamentarios se reunieron ayer con el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo, para abordar las consecuencias de la nueva política arancelaria impulsada por la Administración estadounidense. En este encuentro, se presentó un paquete de propuestas que busca mitigar el impacto sobre la industria agroalimentaria y otros sectores exportadores.

Desde el PP se considera imprescindible adoptar una estrategia coordinada para hacer frente a esta situación. Entre las medidas propuestas al Gobierno se incluye la elaboración urgente de un Plan de Competitividad Industrial, la revisión de las 97 subidas de impuestos aplicadas en los últimos años, y la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, ante lo que se considera una excesiva prórroga del marco presupuestario vigente.

Además, se reclaman tres decisiones inmediatas: ampliar la vida útil de las centrales nucleares, eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética, y desarrollar un plan nacional de infraestructuras hidráulicas. Según los cálculos presentados, las dos primeras medidas podrían suponer un ahorro de hasta 16.000 M€ en los precios de la energía para hogares e industrias en los próximos cinco años.

En el ámbito específico de los aranceles, el PP plantea un decálogo de medidas estructuradas en cuatro propuestas de carácter comunitario y seis de ámbito nacional:

• Refuerzo de la postura de la Unión Europea ante los aranceles, con una respuesta basada en la firmeza y la diplomacia.

• Creación de un marco temporal de ayudas dentro de la UE y de un Fondo financiado con los recursos de las contramedidas arancelarias, para redistribuirlos entre los sectores más afectados.

• Agilización de los procedimientos burocráticos mediante la activación del paquete ómnibus de la Comisión Europea.

• Ratificación urgente de los acuerdos comerciales actualmente en fase de negociación o aprobación.

• Elaboración de un plan coordinado con las comunidades autónomas para reforzar las políticas aduaneras y la vigilancia de mercado.

• Revisión del Plan Moves para asegurar que las ayudas lleguen a quienes no pueden acceder a un vehículo eléctrico, incluyendo otras tecnologías eficientes.

• Participación activa de las comunidades en la reasignación de fondos Next Generation a sectores perjudicados por los aranceles, evitando errores cometidos en crisis anteriores.

• Creación de un fondo español específico para las empresas afectadas, financiado con los ingresos generados por los aranceles recaudados en España.

• Establecimiento de un mecanismo transparente y flexible para la asignación de ayudas, en función de las necesidades reales de los afectados.

• Reducción de cotizaciones sociales y aumento de los incentivos fiscales, especialmente dirigidos a las empresas más vulnerables al impacto arancelario.

El planteamiento defiende una respuesta coordinada y efectiva a nivel europeo y nacional para proteger el tejido productivo, en especial a pymes y empresas exportadoras de sectores estratégicos como el agroalimentario.