Asaja Córdoba, la Asociación de Regantes con Toma Directa y la Asociación de Regantes del Medio y Alto Guadalquivir (Remagua) han solicitado a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) con el objetivo de incluir a los regantes individuales en las ayudas destinadas a la modernización del regadío. La petición se enmarca en el actual proceso de revisión del programa 2014-2022.

Las tres organizaciones valoran positivamente el anuncio de la Consejería de Agricultura sobre la puesta en marcha de un nuevo paquete de ayudas por valor de 140 M€, pero consideran que es el momento de corregir una exclusión histórica que afecta a titulares individuales de concesiones de riego mediante tomas directas en cauces regulados. Solo en la provincia de Córdoba, estos regantes gestionan al menos 7.000 hectáreas, pero hasta ahora no han podido acceder a estas ayudas, reservadas exclusivamente a entidades colectivas como comunidades de regantes o juntas centrales de usuarios.

Según explican, esta situación ha impedido que muchos regantes cordobeses puedan modernizar sus instalaciones y mejorar la eficiencia en el uso del agua, pese a cumplir con todos los requisitos técnicos. También consideran que deberían poder acogerse aquellos regantes individuales que, aun estando integrados en comunidades de regantes, gestionan de forma autónoma sus explotaciones.

La modificación del PDR permitiría empezar a corregir lo que califican como un “agravio histórico” con la provincia de Córdoba, que, a pesar de almacenar el 49,55 % del agua de la cuenca del Guadalquivir, apenas representa el 16,83 % de la superficie regada de la misma. Además, Córdoba es la provincia con menor porcentaje de olivar en riego (14,39 %) dentro de la cuenca, pese a ser la segunda con mayor superficie de este cultivo. Este desequilibrio, explican, se debe en parte a que en Córdoba no se han forzado situaciones ni se ha desviado la planificación hidrológica, a diferencia de lo ocurrido en otras provincias.

En cuanto a las actuaciones subvencionables, las organizaciones solicitan que se priorice la construcción de balsas y microembalses, permitiendo el aprovechamiento de escorrentías invernales mediante bombeos directos. Consideran que estas infraestructuras serían fundamentales para evitar que grandes volúmenes de agua acaben en el mar, como ha ocurrido recientemente con las lluvias de marzo. Sin embargo, denuncian que existen importantes obstáculos administrativos, tanto por la falta de gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como por los trámites exigidos por la consejería competente en medio ambiente.